El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba Beltrán Corvalán denunció públicamente al gobierno provincial tras detectar la compra de medicamentos, entre ellos sildenafil (comercialmente conocido como Viagra), destinados al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Según Corvalán, el gasto fue de aproximadamente un millón de pesos y se realizó sin documentación médica que lo justifique, lo que calificó como un uso indebido de fondos públicos en un contexto de carencias en el sistema de salud.
La denuncia generó un fuerte debate público, frente al cual autoridades del SPC defendieron la adquisición. El jefe del departamento de Sanidad del servicio penitenciario, Ariel Salari, aseguró que los medicamentos forman parte de tratamientos médicos crónicos indicados por profesionales de hospitales externos. Precisó que el sildenafil se usa para tratar casos de hipertensión pulmonar, y que en 2024, cuatro internos estaban inscriptos en dicho régimen, dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.
Además, explicó que otros productos comprados -como cremas humectantes y preservativos- responden a tratamientos dermatológicos o políticas de salud sexual dentro de las cárceles, incluyendo requerimientos judiciales para garantizar el bienestar de los internos.
Corvalán, representante del Frente Cívico, expresó su preocupación por lo que considera una falta de prioridades por parte del gobierno provincial, señalando la escasez de insumos y medicamentos en hospitales públicos mientras se destinan fondos a productos que, a su juicio, no serían urgentes dentro del sistema penitenciario. Además, cuestionó la transparencia del proceso, indicando que no se encontraron historias clínicas ni documentación que respalde las compras realizadas por el SPC.
Por su parte, desde el gobierno provincial remarcaron que las adquisiciones se ajustan a las necesidades médicas de los internos y que se cumple con las recomendaciones emitidas por profesionales de la salud. También insistieron en que el uso del sildenafil en este contexto no tiene fines recreativos, sino que responde a prescripciones médicas específicas. A pesar de las explicaciones oficiales, la denuncia continúa generando repercusiones políticas y sociales, y se espera que el caso sea investigado con mayor profundidad en los próximos días. s