El último choque diplomático del gobierno de Javier Milei se originó en un control de alcoholemia dispuesto el día de Navidad en el lujoso barrio de Recoleta de Buenos Aires. Rusia calificó como «una grave violación del derecho internacional» el proceder de las fuerzas de seguridad argentinas tras la negativa de dos diplomáticos rusos de someterse al test de alcoholemia requerido y a presentar la documentación de los vehículos que conducían. El incidente comenzó a media mañana y se extendió hasta pasado el mediodía, cuando los conductores fueron escoltados hasta la Embajada rusa y se les libró un acta de infracción. La dura reacción rusa ante lo ocurrido sorprendió a las autoridades argentinas y obligó a intervenir tanto al Ministerio de Seguridad como a la Cancillería.
La tensión entre ambos países escaló por las distintas interpretaciones realizadas de la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas. El Gobierno de Buenos Aires, responsable del control del tránsito, argumentó que el artículo 41 de la citada Convención señala que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben «respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor». Desde la Embajada rusa, en cambio, subrayaron que la misma norma contempla que «los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada ni registro». El Gobierno de Vladimir Putin advirtió que «los medios de transporte de la misión (diplomática) no pueden ser objeto de ningún embargo» y solicitó a Argentina «impedir cualquier atentado contra la persona, la libertad o la dignidad de todos los miembros de la misión diplomática» y «garantizar su libertad de circulación y de tránsito». Los conductores fueron identificados como Sergei Baldin, representante comercial de la Embajada rusa, y Cardmath Salomatin, codirector de la Casa de Rusia.