Una oficial de la policía bonaerense fue condenada este miércoles a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por la denominada «Masacre de Quilmes», en la que murieron en octubre de 2004 cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que también ya fueron juzgados otros diez policías, informaron fuentes judiciales.Se trata de Elda Marina Guaquinchay Bogado, quien seguirá en libertad hasta tanto el fallo por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño por el delito de «omisión de denuncia de torturas» quede firme.
Además, los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini le dieron 8 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
«Los sobrevivientes confirmaron las torturas en la comisaría primera de Quilmes y lograron las condenas», destacó Tobías Corro, referente social que acompañó a las familias de las víctimas fatales, identificadas como Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
Qué dice el fallo
En el fallo de 48 páginas al que Télam tuvo acceso, el TOC 5 acreditó que la oficial ayudante «omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales».«Contribuyendo pasivamente a mantener reducidas a las víctimas, evitar que se las asista de manera inmediata y de esa forma neutralizar cualquier tipo de resistencia de las mismas, atento a que los apremios y tormentos padecidos por los damnificados consistieron en la aplicación injustificada por parte de los efectivos policiales, de golpes con bastones, puntapiés y golpes de puño, que los funcionarios les propinaron a los menores que estaban siendo evacuados hacia un patio abierto de la seccional», indicó en su voto el juez Farina, al que adhirieron sus colegas.
El magistrado recordó que «varias de las víctimas de estos tormentos injustificados previamente habían sufrido graves quemaduras en sus cuerpos a raíz del incendio que se había suscitado en el calabozo nro. 1 de la seccional y que les había provocado, entre otras consecuencias, la destrucción de su epidermis en algunas partes de sus cuerpos, mas quemaduras en las vías aéreas e intoxicación por inhalación del humo generado por la combustión de los colchones incendiados, sin perjuicio de lo cual y a pesar de estar en conocimiento de ellos el personal policial, continuó adelante con la golpiza descripta la que le fue propinada tanto a los menores que habían sufrido quemaduras como a los que no habían sido alcanzados por las llamas».
«Bajo la mirada de la nombrada Guaquinchay Bogado, les aplicaron los golpes descriptos a la vez que eran insultados, siendo que todo ello, implicó la causación de un dolor físico y moral inconmensurable y dichos tormentos tuvieron como finalidad prolongar injustificadamente el sufrimiento de los menores detenidos como reprimenda al incendio que se había suscitado y a su vez obtener la confesión respecto de quién lo había iniciado», señaló el Tribunal.
En el inicio del juicio, la semana pasada, la imputada aceptó declarar y lloró al momento de recordar los hechos y, ante los jueces y el fiscal Claudio Pelayo que había pedido 6 años de prisión, dijo que cuando ocurrió la «Masacre de Quilmes» ella estaba embarazada, tenía contracciones y no tuvo responsabilidad.
La mujer policía había sido señalada por los investigadores como una de las oficiales que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que no hizo nada para evitar las torturas y la muerte de las víctimas, lo cual ahora dio por acreditado el fiscal.
Algunos testigos la habían ubicado en el cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas.
Uno de los testigos en el debate fue un hombre llamado Jonathan Aguirre, que fue uno de los sobrevivientes del hecho, quien afirmó recordar a la oficial en el cordón policial, pero que no la vio hacer nada para «salvar a las víctimas» ni «impedir la situación».
Caso emblemático de violencia institucional
La «Masacre de Quilmes» es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.
El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
Las víctimas fueron Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
En 2015 se realizó el juicio. Por las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
Según el fallo del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira (a quien le dieron 16 años de prisión), y D’Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.
Ninguno de los condenados fue preso hasta este año, cuando el mismo TOC 3 ordenó que el inspector Pedreira (45), quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.