El juicio por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner entró este miércoles en su fase final. Fue con la inauguración de la etapa de alegatos por parte de los abogados de la expresidenta, que pidieron condenar a 15 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte, al considerarlos “coautores funcionales” del intento de asesinato.
Para la querella, ambos acusados deben ser condenados como coautores del delito de homicidio agravado por ser cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género en grado de tentativa. Por el contrario, desistieron de acusar a Gabriel Carrizo, sindicado como jefe del grupo de vendedores de copitos. “Tenemos la certeza de que después de todo este proceso no existen elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”, dijo el abogado Marcos Aldazábal, representante de la querella. Al escucharlo, Carrizo, sentado a unos metros, quebró en llanto.
José Manuel Ubeira, el otro abogado representante de la víctima, aportó que si bien “muchas de las expresiones que vierte Carrizo (en los chats) son repugnantes, lo que no puede pasar es que una persona vaya a parar a la cárcel por un chat”.
Según explicó, “tiene que haber otras motivaciones y otro armado” en el que “Carrizo no encaja”. “Nuestra cliente no quiere para Carrizo lo que la Justicia federal hizo con ella en la causa Vialidad”, señaló Ubeira en relación con la condena a seis años de prisión basada en un supuesto chat incriminatorio encontrado en el celular del ex secretario de Obras Públicas, José López, y que fue introducido fuera de término por el fiscal Diego Luciani.
Capuchetti “obstruyó todo”
La audiencia arrancó minutos antes de las 10 de la mañana en la sala SUM de Comodoro Py. El primero en exponer fue Aldazábal, que durante poco más de una hora criticó con dureza el accionar de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la instrucción de la causa por el atentado y luego explicó por qué la querella considera que hubo una “coautoría funcional” entre Uliarte y Sabag Montiel.
Sobre Capuchetti, una de las primeras cosas que dijo Aldazábal fue que “obstruyó todo para que no se investigue más”.
“En las primeras 24 horas posteriores al atentado ya se había arruinado la prueba más importante”, dijo sobre las fallas en relación con la preservación del celular del atacante. También recordó que “era evidente que Uliarte estaba involucrada y Capuchetti no libraba la orden de detención”, y que tres días después del atentado se detectó por las antenas celulares que la joven estaba camino a Retiro. Fue un secretario de la jueza, Federico Clerc, quien “salió corriendo” y logró su detención. “Es el único que hizo algo pese a algún error, pero la jueza lo apartó”, mencionó.
En esa línea, Aldazábal también recordó que la jueza demoró la detención de Carrizo pese a que se habían encontrado chats incriminatorios, y dedicó varios minutos a cuestionarla por no profundizar sobre la pista política, surgida a partir del testimonio del asesor legislativo Jorge Abello, que dijo haber escuchado al diputado nacional Gerardo Milman decir que “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
En ese punto, el abogado se quejó de que Abello expresó en su declaración que tenía un mensaje que había mandado una hora después de haber escuchado esa frase en el bar Casablanca y que la jueza no lo quiso certificar. También que recibieron un llamado desde el Juzgado para avisar que habían revisado las cámaras del bar y del Congreso y que no habían visto nada, pero que cuando la querella tuvo acceso a las filmaciones “ponemos el día y la hora que había declarado Abello y ahí estaban todos”. Se refería a Milman y a sus secretarias Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.
Aldazábal también sumó que en relación con esa línea de investigación había un cúmulo de pruebas que “circunstancialmente le daban entidad a lo que había dicho Abello” y que “pasaron semanas y (Capuchetti) no hizo nada”.
“Cinco veces la Cámara Federal hizo lugar a recursos nuestros (NdR: contra la negativa de la jueza a producir medidas). Cinco veces la Cámara le dijo a Capuchetti que estaba siendo gravemente arbitraria. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que dudo de que alguien los identifique como kirchneristas, dijeron que la jueza actuó de manera gravemente arbitraria”, enfatizó el abogado.
Sabag Montiel y Uliarte, “coautores funcionales”
Después de anunciar que la querella iba a ir por la absolución de Carrizo, a partir del beneficio de la duda, Aldazábal se dedicó a explicar cómo Sabag Montiel y Uliarte planificaron el hecho. La teoría del caso planteada por la querella sostiene que Uliarte fue la encargada de la planificación y que Sabag Montiel era quien lo ejecutaría, tal como ocurrió. Como coartada usaron la venta de los copos de azúcar y la “extraña” convivencia que encararon semanas antes del hecho.
Sobre el primer punto, el letrado recordó que dos meses antes del hecho la pareja conoció en una fiesta a Carrizo, con quien se volvieron a encontrar en un departamento de una conocida en común y que ahí les presentó el negocio. Que fue Brenda Uliarte la que avisó rápido que estaban para arrancar a trabajar como vendedores y que eso “les permitió infiltrarse en distintos lugares, pero principalmente en Juncal y Uruguay, para después llevar adelante el ataque”.
Sobre la convivencia, el representante de la querella señaló que “no se explica por razones afectivas desde Uliarte, ya que no era simétrica la relación entre ambos”. El abogado planteó que el hecho de que se hayan ido a vivir juntos “no responde a una cuestión sentimental, sino a la funcionalidad de plantear el atentado”, lo cual “quedó claro con un mensaje en el que ella le dijo ‘volvamos a ser amigos porque necesito alguien que me haga caso’”.
Al trazar una síntesis, Aldazábal especificó que Sabag Montiel “hizo aportes totalmente relevantes” al hecho, desde aportar la pistola y haber participado de la planificación hasta gatillarle a centímetros de la cabeza a Cristina Kirchner. Mientras tanto, Uliarte, en el marco de la planificación, “fue la que coordinó para buscar los algodones de azúcar, la que tenía las ideas políticas más articuladas e iba a las manifestaciones de Revolución Federal”.
“Para nuestro criterio son claramente coautores funcionales. No fue una instigación: ella tenía la decisión sobre el hecho y no hace uno, dos o tres aportes, sino que participa en el plan que era propio y también de Sabag, que lo llevan adelante entre los dos”, añadió.
Aptitud material y mental
En otro tramo del alegato, Aldazábal se adelantó a responder posibles planteos que podrían esgrimir los defensores de ambos involucrados para intentar una mitigación de la pena. Sobre eso, la querella fue contundente: tanto el arma como las municiones estaban aptas para perpetrar el hecho y ambos acusados eran conscientes de lo que planificaron y llevaron a cabo.
“El arma fue resguardada por un testigo y luego por la Policía Federal. Era apta porque la dispararon 50 veces para despejar dudas y las 50 veces salió la bala. Los peritos dijeron que estaba apta y lista para dispararse de la forma en la que la encontraron. Que el martillo estaba en posición de descanso, lo que mostraba que había sido gatillada”, precisó.
El abogado señaló que “la bala no salió porque no había munición en la recámara” y que se comprobó que Sabag Montiel sabía manejarla pese a que puede haber habido un error al accionar mal la corredera o un efecto “infrecuente y solucionable”.
A los minutos, sumó que después de gatillar y que no saliera el disparo, el día del hecho, Sabag Montiel intentó recargar la pistola. “Intentar recargar justo después de haber gatillado y que no haya salido forma parte de la tentativa”, explicó. Esa tentativa, agregó, se extendió hasta que fue inmovilizado por los testigos.
En relación con las facultades mentales, el representante de la querella recordó que de los distintos informes periciales no surgió en ningún momento la presencia de facultades alteradas y estado de inconsciencia en ambos.
Tal vez en el caso de Uliarte fue más contundente la exposición, ya que el abogado recordó que hubo momentos durante el juicio en los que se debió llamar la atención de la imputada por comportarse de forma indebida. A la luz de los informes periciales tomó fuerza la idea de que en realidad fue una estrategia de su ex defensor, Alejandro Cipolla, para intentar que la declaren inimputable. “Se pidió un informe y fue totalmente concluyente: todos los peritos concordaron que no había síntomas de trastornos mentales y que era esperable que finja, que sus conductas eran una actuación”, sentenció Aldazábal.
Ubeira y la “cultura del odio”
Después de un cuarto intermedio de 15 minutos, el Tribunal presidido por la jueza Sabrina Namer e integrado por los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grünberg le dio la palabra a Ubeira, que continuó con la exposición.
Al alegar, el abogado se enfocó en una descripción del contexto en el que se dio el intento de asesinato. Dijo que los tres involucrados actuaron inmersos en lo que llamó “cultura del odio” y que tanto los tres acusados como varios de los testigos que fueron a declarar y que los frecuentaban son personas “rotas”.
“No nacemos odiadores, el odio se inocula, se inculca. Es tener tal diferencia con el otro que exige que el otro sufra un mal (…) Las personas que van a juzgar son el producto de un contexto social, cultural y judicial en el que la violencia retórica en el marco de la violencia política conlleva naturalmente a la violencia material”, analizó.
Ubeira afirmó que el atentado no fue consecuencia de que a Cristina Kirchner le quisieron robar la cartera con un celular, sino que se enmarca en su actividad política. A su vez, señaló directamente al presidente Javier Milei por profundizar ese esquema. “Habla de la casta y de la gente decente. Estos construyen un lenguaje de exclusión desde un concepto de superioridad”, dijo.
En esa línea, también marcó su preocupación “por lo que pueda pasar”. Fue al recordar que Milei dijo tiempo atrás que iba a ser él el encargado de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Y se preguntó: “¿Cómo podemos confiar en él o su ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) cuando todo lo que hablan y dirigen tiene que ver con la más brutal caracterización de todo lo que significa oposición?”. En ese punto, sentenció: “No tenemos ninguna garantía de que los hechos que estamos ventilando se vuelvan a repetir”.
Como sigue el juicio
Foto: N.A. / Claudio Fanchi
Con la exposición de los dos abogados de la expresidenta quedó inaugurada la etapa de alegatos, que se extenderá durante las próximas dos semanas.
El miércoles que viene será el turno de la Fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún. La expectativa está puesta, entre otras cosas, en ver si se plegará a la absolución de Carrizo. Si la fiscal sostiene el criterio de la querella y desiste de la acusación a Carrizo, el tribunal estará impedido de condenar ante la ausencia de acusación.
Tras la audiencia, Marano le dijo a Tiempo que el pedido de absolución de la querella “es una grata situación”.
“Más allá de Ubeira y Aldazábal responden a su mandante, que es Cristina Kirchner y la decisión seguramente ha tenido que ver con lo que ella ha querido, soy muy consciente de que los abogados jugamos un rol muy importante aconsejando. Ahí no descarto y doy por sentado que el rol de ambos fue determinante para mantener la honestidad con la que venían trabajando”, expresó.
Para la audiencia del 27 está previsto que aleguen las defensas, a cargo de María Fernanda López Puleio (Sabag Montiel), Eduardo Chittaro (Uliarte) y Gastón Marano (Carrizo).