Pedro Chávez, cacique de la comunidad e integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, explicó que el pueblo habita un territorio de aproximadamente 60.000 hectáreas, compartidas con las comunidades Tolombón y Santa Bárbara. Según relató, la situación se agravó con el ingreso de personas acompañadas por la policía, que reclamaban la propiedad del lugar.
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La comunidad indígena Indio Colalao, ubicada en San Pedro de Colalao, al noroeste de Tucumán, resiste nuevos intentos de desalojo y hostigamientos por parte de terratenientes. Días atrás, referentes comunitarios denunciaron atropellos institucionales que atentan contra sus derechos territoriales.
Pedro Chávez, cacique de la comunidad e integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, explicó que el pueblo habita un territorio de aproximadamente 60.000 hectáreas, compartidas con las comunidades Tolombón y Santa Bárbara. Según relató, la situación se agravó con el ingreso de personas acompañadas por la policía, que reclamaban la propiedad del lugar.
“Los terratenientes siguen hostigando al pueblo Colalao. Vinieron con la policía diciendo que el dueño es tal persona y se metieron, invadieron. Incluso hay juicios anteriores que ganamos, donde hubo restituciones. Pero ahora, de esta manera, nos están sacando”, expresó Chávez.
El cacique también denunció que una comunera fue desalojada de manera arbitraria, sin que se resolviera un juicio previo que ya estaba en curso. “Le dieron siete días para que se fuera, sin respetar el proceso comunitario que venía de antes”, agregó en diálogo con FM Raco.
A pesar de los ataques, Chávez destacó la resistencia de su pueblo: “Estas son nuestras tierras. Somos parte de ellas porque vivimos acá desde hace miles de años, junto a nuestros ancestros. Ahora seguimos nosotros”.
Los líderes comuneros alertan sobre la escalada de violencia y denuncian la complicidad del Poder Judicial, que ignora las leyes que protegen los territorios ancestrales. A pesar de contar con reconocimiento legal mediante relevamientos técnicos y catastrales establecidos por la Ley Nacional 26.160 —además de los respaldos de la Constitución Nacional y tratados internacionales—, la protección efectiva de sus territorios no se cumple.