En poco más de tres semanas los argentinos concurrirán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales, se trata de instancia electoral/política clave sobre todo para la administración del libertario Javier Milei que necesita mayor representación en el Congreso de la Nación y enfrenta este desafío con un evidente deterioro de la simpatía ciudadana que supo tener en otro momento. Aunque la campaña está en rodaje hace ya bastante tiempo, seguramente cobrará intensidad en los próximos días y se espera un fuerte despliegue especialmente en el terreno de la virtualidad. Medios digitales, muchas redes sociales y aplicaciones específicas para llegar con el mensaje a cualquier hora a todos los rincones del electorado. ¿Qué calidad tendrá la campaña, será constructiva o destructiva?
Algunos se adelantaron a la posible respuesta y buscan establecer una barrera preventiva. Avizoran una campaña sucia mediante las herramientas que ofrece la denominada Inteligencia Artificial.
En las últimas elecciones porteñas -en mayo pasado- se produjeron algunos episodios que hoy, vistos a la distancia, ofician de luces de alerta. Mensajes fraudulentos, elaborados a través de la Inteligencia Artificial, hacen suponer que el método podría repetirse.
El problema es que las denuncias que se presentaron en su momento no arrojaron ningún resultado para desbaratar los engaños, aquellos videos (que perjudicaban a los Macri y beneficiaban a la propuesta de Milei) nunca fueron bajados de la autopista virtual. Por eso hay razonables sospechas de que podría repetirse el fraude.
A propósito de este clima de inquietud, ayer se conoció que en un dictamen presentando ante la jueza federal María Servini, el fiscal Ramiro González avaló un amparo presentado por un abogado constitucionalista e instó a requerir informes a las autoridades nacionales sobre las estrategias de difusión y sensibilización implementadas en relación con el proceso electoral con especial énfasis en la promoción del voto informado y la introducción de la Boleta Única de Papel.
El fiscal también propuso la adhesión voluntaria al Compromiso Ético Digital 2025, una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca preservar el debate democrático en redes sociales y plataformas digitales. Este compromiso, dirigido a partidos políticos, bloques parlamentarios, entidades periodísticas, empresas y plataformas, se presenta como una herramienta clave para enfrentar los desafíos que plantea la manipulación de contenidos en el entorno digital.
Ahora, a partir del dictamen del fiscal, la jueza con competencia electoral, María Servini, deberá resolver si avanza hacia nuevas medidas judiciales o, por el contrario, rechaza el amparo.
La intervención del fiscal González se produce en el marco de un amparo presentado por Andrés Gil Domínguez, quien en agosto solicitó a la Justicia Electoral la adopción de medidas urgentes para impedir la difusión de videos falsos generados por IA. La demanda, dirigida contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Asuntos Políticos, reclamó la implementación de mecanismos eficaces para «prevenir, alertar y hacer cesar de forma urgente la difusión de deepfakes o el uso no autorizado del servicio de clonación de voz y rostro» mediante IA, en el contexto de las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se renovará parcialmente la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Gil Domínguez fundamentó su pedido en el riesgo que estos contenidos representan para el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.