La investigación sobre el fentanilo adulterado en Argentina ha escalado a proporciones alarmantes, revelando una intrincada red de conexiones entre laboratorios farmacéuticos, operadores judiciales y funcionarios de alto rango. Lo que comenzó como una pesquisa sobre la adulteración de un opioide, se ha transformado en una radiografía de cómo ciertos sectores del poder se entrelazan con empresarios inescrupulosos, dispuestos a ofrecer favores, contratos y hasta lujos, como vuelos privados.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dio un paso contundente en la causa al ordenar el allanamiento de 22 domicilios. Estos procedimientos se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Ramallo y San Nicolás, poniendo bajo la lupa a personas y empresas vinculadas directamente a HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo SA.
La gravedad de la situación radica en la posible conexión de la producción y distribución de varios lotes de fentanilo de uso clínico por parte de estas firmas con el fallecimiento de al menos 53 pacientes internados en diversas clínicas y hospitales. Sin embargo, los investigadores no descartan que esta cifra pueda ser significativamente mayor, apuntando a una «cifra negra» de víctimas que aún no ha sido completamente dilucidada.
Estos allanamientos no son un hecho aislado. Se desprenden de un exhaustivo análisis de los 267 expedientes abiertos sobre ambos laboratorios. De este total, 117 expedientes se refieren específicamente a «desvío de calidad» en la producción de medicamentos e insumos médicos, generando 133 «alertas» de distinta índole y gravedad. No es la primera vez que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo se encuentran en el ojo de la tormenta; ya habían sido allanados en dos oportunidades anteriores, junto con una droguería que forma parte de la misma sociedad, y otras que comercializaron la partida contaminada del medicamento en cuestión. La contaminación con dos bacterias en este producto ha sido el detonante de esta crisis sanitaria.
Detrás de HLB Pharma Group SA emerge la figura de Ariel García Furfaro. Este empresario no es ajeno a las altas esferas del poder. Fue socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal de noticias IP y formó parte de la delegación que viajó a Rusia con el ex presidente Alberto Fernández para gestionar la distribución de la vacuna Sputnik V contra el covid-19. Su influencia se extendía hasta el Instituto Patria, donde se lo vio posando junto a Cristina Fernández de Kirchner en un registro que data del 11 de abril de 2024. La red tejida por García Furfaro alcanzaba a gobernadores patagónicos, funcionarios nacionales, fiscales federales y operadores judiciales.s