La lupa está sobre Gerardo Flores, el primer casero de Campo Rossi que declaró como testigo. En el contacto que mantuvieran con los medios el mediodía de este miércoles, el equipo fiscal de la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski dejó entrever que avanzará en el pedido de detención de Gerardo «Laucha» Flores, el primer casero del predio de Campo Rossi donde la familia Sena cuenta con el emprendimiento porcino, ubicado a metros donde estiman que descartaron el cuerpo de la joven.
«Analizamos todas las medidas de pruebas para tomar una determinación tan importante como la imputación», dijo Jorge Gómez, uno de los integrantes del triunvirato de representantes del Ministerio Público, y si creen que tuvo participación en el crimen se descuenta que para lo que viene tendrá el mismo tratamiento que el resto, es decir la privación de la libertad.
Por el sospechado se cree que ayudó a lo que fueron los días posteriores al 2 de junio, cuando se cree no solo que se cometió el femicidio por la mañana y luego por la noche se comenzó con la incineración del cuerpo a la vera del río Tragadero donde hallaron los restos óseos que se analizan en Córdoba y la alhaja con forma de cruz que la familia de la joven identificó como propia de Cecilia, que según el testimonio de Gustavo Obregón, el colaborador de los Sena también detenido, se arrojaron al curso de agua recién el 6 de junio.
DOMICILIARIA
Fiscales también indicaron que el viernes se realizará la junta médica que evaluará la salud de Emerenciano Sena respecto al pedido de prisión domiciliaria o bien en un centro sanitario. Su mujer y también imputada Marcela Acuña señaló que desde que está detenido, el 9 de junio, su salud empeoró y que presenta enfermedades crónicas que no pueden ser tratadas adecuadamente en su lugar de detención.
CARTA
En relación con la carta que se conoció de Marcelina Sena en la que indicaba un supuesto arreglo con una jueza de garantías para que diera lugar a la nulidad de la prisión preventiva y con ello Emerenciano y Marcela recuperarían su libertad, la Procuración General ordenó abrir un expediente y que se investigue la posible comisión de un delito.