La muerte de Ángel, el niño de 4 años que perdió la vida tras descompensarse en la vivienda de su madre biológica, ha desencadenado una investigación judicial que pone bajo la lupa no solo a los progenitores, sino también al funcionamiento del sistema de protección de menores. El caso, que ha conmocionado a la provincia de Chubut y al resto del país, se centra actualmente en la reconstrucción del historial de Mariela Altamirano, la madre sospechosa, sobre quien pesan graves acusaciones de violencia y maltrato infantil que datan de años anteriores a su regreso al sur en 2025.
Uno de los puntos más críticos de la investigación gira en torno a las denuncias previas que la mujer había acumulado durante su residencia en otras provincias. Según fuentes vinculadas al expediente, se están rastreando antecedentes en Misiones y, fundamentalmente, en Corrientes. En esta última jurisdicción existiría una denuncia radicada por episodios de violencia que habrían motivado en su momento la intervención de organismos locales de protección.
La gravedad de estos antecedentes es tal que, según el entorno cercano del niño, a la mujer ya se le habría retirado la guarda de otro hijo anteriormente debido a situaciones de maltrato infantil en perjuicio del niño víctima. Estas señales de alerta habrían sido ignoradas o insuficientemente valoradas cuando la Justicia de Familia decidió intervenir en el caso de Ángel. Luis López, padre del menor, ha expresado su dolor y su indignación ante los medios. López, quien crió al niño desde que tenía 1 año ante lo que describió como un abandono inicial por parte de la madre, relató que advirtió repetidamente a las autoridades sobre el riesgo que corría su hijo. Sus declaraciones son contundentes al señalar que el juez de familia Juan Pablo Pérez ordenó en noviembre pasado un proceso de revinculación que culminó con la restitución del nene a su madre biológica, debido a que él también maltrató al niño y fue denunciado por ello. No obstante, el padre insiste en que las instituciones judiciales y escolares fallaron al no escuchar las súplicas del niño, que incluso fueron registradas en videos de celulares lo cuales circularon por las redes tras el fallecimiento del pequeño.
El rumbo de la investigación ahora se bifurca en dos caminos complementarios. Por un lado la fiscalía busca determinar las causas exactas de la muerte y la posible responsabilidad directa de Altamirano y su pareja, Maicon González, quienes estaban a cargo del niño al momento de la descompensación. Por otro lado, se ha abierto un fuerte cuestionamiento hacia la Defensoría, los profesionales de Protección y el ámbito judicial de Chubut.
En este contexto, la denuncia radicada en Corrientes se vuelve una pieza fundamental para determinar si los organismos estatales omitieron información sensible que hubiera evitado que Ángel fuera entregado a un entorno hostil donde acabó su corta existencia.