Se trata de Abraham Cigarroa Cervantes, quien se desempeñó como director financiero de una firma de gestión de residuos. El sospechoso fue interceptado en un operativo policial mientras se dirigía a El Calafate y poseía un pedido de captura emitido por la justicia de los Estados Unidos.
Un despliegue de seguridad de gran relevancia internacional tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz, resultando en la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad mexicana. El hombre contaba con una orden de detención vigente en relación a una causa de corrupción y lavado de activos que involucra a múltiples naciones latinoamericanas. El procedimiento ocurrió cuando el individuo se trasladaba desde Chile hacia El Calafate a bordo de un transporte de larga distancia, momento en que fue interceptado por la policía tras un aviso de Gendarmería Nacional Argentina.
La División Unidad Operativa Caminera La Esperanza, perteneciente a la Policía de Santa Cruz, fue la encargada de intervenir luego de recibir un llamado desde el Paso Fronterizo Internacional Río Don Guillermo. La comunicación advertía sobre la presencia de un pasajero que había ingresado desde Chile y que registraba medidas cautelares y un pedido de captura internacional activo en una investigación de alcance mundial.
Intercepción y detención del implicado
Ante la alerta, los efectivos organizaron un operativo cerca de la estación de servicio EPA. Allí detuvieron la marcha de un ómnibus de la firma Austral Bus para realizar los controles pertinentes. Al revisar la nómina de pasajeros, se identificó al ciudadano mexicano, quien viajaba junto a su grupo familiar. La novedad fue reportada a la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, bajo la supervisión del comisario Luis Frías.
Las verificaciones posteriores ratificaron que el detenido es Abraham Cigarroa Cervantes, de 51 años. El hombre es exdirector financiero de la rama latinoamericana de una compañía global de gestión de residuos y afronta cargos en Estados Unidos por conspiración para infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El expediente es tramitado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, con participación del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI.
Detalles de la red de sobornos y lavado
La acusación formal indica que Cigarroa Cervantes habría integrado, entre los años 2011 y 2016, un sistema diseñado para el pago de más de 10 millones de dólares en coimas a funcionarios de Argentina, Brasil y México. Estas maniobras buscaban obtener contratos y ventajas comerciales para la empresa Stericycle. Según consta en la documentación judicial, los pagos ilegales se realizaban mayormente en efectivo, calculados sobre un porcentaje de los contratos gubernamentales.
Para ocultar estas operaciones, los involucrados mantenían registros contables paralelos mediante hojas de cálculo, utilizando términos en clave para referirse a los sobornos. También se habrían elaborado libros contables apócrifos para presentar los pagos ilícitos como gastos legítimos de la compañía. Asimismo, se señala que el imputado habría presentado certificaciones internas falsas bajo la ley Sarbanes-Oxley, asegurando fraudulentamente la veracidad de los estados financieros.
En el año 2022, la firma Stericycle reconoció haber pagado sobornos en los tres países mencionados y pactó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La empresa, con sede en Illinois, aceptó abonar multas por más de 84 millones de dólares en coordinación con organismos judiciales de Brasil y la Comisión de Bolsa y Valores.
Traslado y situación judicial
Luego de confirmarse el pedido de captura, el sujeto fue trasladado bajo custodia a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos. Allí permanecerá alojado mientras avanza el proceso legal correspondiente. El operativo continúa bajo las actuaciones de rigor para poner al detenido a disposición de las autoridades competentes.
Esta detención pone de relieve la relevancia de los controles migratorios en Santa Cruz y la cooperación entre fuerzas de seguridad para enfrentar delitos económicos de carácter transnacional.
Con información de La Opinión Austral.