el Cuartel General del Ejército, a quienes se les imputa el delitos de terrorismo y ordenó que sean enviados a prisión. La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, quien ya había solicitado la evacuación del campamento bolsonarista. En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo al gobernador Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de en el Distrito Federal.
La medida fue adoptada por Moraes, quien respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que «la escalada violenta» contra la sede de los tres poderes «solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva» de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Rocha anunció el domingo la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien se encuentra en EE.UU. y fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), una figura muy cercana del ahora ex presidente. El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, calificó el ataque de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes en Brasilia de «terrorismo» y «golpismo» y aseguró que el Gobierno identificará a los que financiaron estos actos. «Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la población no quiere la implantación de esta oscuridad», dijo Dino después de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control del Palacio de Planalto (sede de Gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
El ataque a las instituciones estatales en Brasil probablemente posponga las primeras acciones previstas por el equipo económico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijeron ayer a Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto.
Presionado para presentar acciones concretas para hacer frente al déficit de las cuentas públicas del país, agravado por la aprobación en el Congreso de un paquete de gastos de miles de millones de reales para cumplir las promesas de campaña, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había dicho públicamente que haría sus primeros anuncios esta semana.
El calendario de los anuncios está siendo deliberado con el jefe de Gabinete, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato. «Es posible que los anuncios se retrasen. La situación es muy complicada», dijo una segunda fuente. Los ataques contra las instituciones del Estado se consideran los peores desde el retorno del país a la democracia en la década de 1980.
Haddad aún tenía que decidir con Lula la lista de acciones a implementar, centrándose en medidas para aumentar los ingresos y recortar los gastos. Ahora, el ministro está participando personalmente en reuniones de urgencia con el mandatario y representantes de los demás poderes. Otras dos fuentes del equipo económico afirmaron que los técnicos del ministerio siguen trabajando con normalidad, y una de ellas señaló que espera que los anuncios no se vean afectados por los últimos acontecimientos.