Así lo recordó el abogado de la Asamblea «Jáchal No Se Toca», Diego Seguí, al celebrar el fallo que procesó a nueve empleados de Barrick Gold, por el derrame de la solución cianurada ocurrido en septiembre del año pasado en la mina Veladero, en San Juan.
El abogado de la Asamblea «Jáchal No Se Toca», Diego Seguí, recordó que Barrick Gold «primero negó» el derrame de solución cianurada ocurrido en septiembre del año pasado en la mina Veladero, en la provincia de San Juan, pero «finalmente admitió que fueron más de 1.200.000 litros», al celebrar el fallo que procesó a nueve empleados de la empresa.
«Esta resolución ha sido tomada el 3 de marzo y en una conferencia de prensa el juez (Pablo Ortija) anunciará hoy los fundamentos del procesamiento de los nueve técnicos que estaban operando la mina», comentó.
Si bien destacó la importancia de la medida judicial, el letrado indicó que «la parte amarga es que el juez se limitó a los técnicos cuando también queríamos determinar la responsabilidad de los funcionarios del área, entiéndase el Ministerio de Minería provincial».
Al conocerse los procesamientos, la multinacional respondió que «sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito».
Seguí calificó de «ridícula» esta defensa porque «en materia penal se investiga si hay una responsabilidad objetiva de la empresa, que con sus comunicados quiere eludir».
«Hay que recordar que primero negó el derrame, después dijo que eran 1.200 litros, 120.000 y finalmente admitió que fueron más de 1.200.000», añadió en declaraciones a Radio 10.
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).
Ortija los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame y les trabó un embargo de 100.000 pesos a cada uno.
El juez es uno de los dos magistrados que interviene en la causa, que también es investigada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien en el último mes pidió diversas medidas de prueba en el caso.