El detenido vocero de Revolución Federal, Jonathan Morel, sostuvo ayer ante la Justicia federal que él no tuvo «la culpa» de que «un loco» haya querido matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y negó las acusaciones en su contra, según aseguraron fuentes de su defensa. Morel fue el segundo en prestar declaración indagatoria después de que lo hiciera Sabrina Basile, mientras que los otros dos detenidos, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, se negaron a declarar, según informaron fuentes judiciales.
Los abogados de los cuatro detenidos reclamaron sus respectivas excarcelaciones ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien de inmediato le corrió vista al fiscal Gerardo Pollicita. «No tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta»’, dijo Morel durante la exposición que hizo en el marco de su indagatoria, en la que se refirió a cómo era la vida interna de Revolución Federal y al tenor de sus manifestaciones públicas, según señalaron las fuentes consultadas. Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a Fernández de Kirchner, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había «clima» como para seguir. Asistido por el abogado Tomás Fraga Cepeda, Morel respondió las preguntas que le formuló la fiscalía y según aseguraron las fuentes consultadas, entregó de modo voluntario las contraseñas de su teléfono celular y de otros dispositivos. «¿Por qué me hacen esto?», preguntó a modo de queja por estar detenido y luego sostuvo que no cometió delitos al participar de las manifestaciones a las que asistió.
Antes que Morel había declarado Sabrina Basile, la hija del ex DT de la Selección argentina de fútbol, Alfio «Coco» Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre. Asistida por el abogado Martín Sarubbi, Basile explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a las que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó que RF contara con algún tipo de financiamiento. En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus críticas no fueron solo al Gobierno nacional
«Se montó un esquema delictivo»
La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de RF consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio», cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de CFK.
En el dictamen en el que pidió al juez Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que «la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales».
La fiscalía advirtió que «concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas». Esto estuvo dirigido «principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público», agregó la fiscalía. «Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario, aunque no único, de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes», remarcó el fiscal. s