La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa que ha ofrecido posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y ha aprobado este viernes el primer plan nacional para la prevención del suicidio, que se cobra unas 4.000 vidas al año. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado el primer Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, lo que no ha sucedido con el Plan de Acción de Salud Mental, rechazado por los consejeros de Sanidad del Partido Popular, que son mayoría.
El Plan de Prevención del Suicidio sale adelante
El suicidio se cobra unas 4.000 vidas al año. El “Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027” contará con una dotación económica de 18 millones de euros y está formado por 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.
Este plan antisuicidio apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos, ya que los hombres se suicidan mucho más.
Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre se encuadraba en las guías de práctica clínica y en los planes de acción de salud mental, pero con esta decisión se atiende una demanda histórica de la sociedad civil al dar entidad propia a la conducta suicida.
Un Observatorio para la prevención del suicidio
Entre la medidas que contempla el Plan, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la creación del Observatorio para la prevención del suicidio, “un espacio fundamental” para recopilar y analizar “datos rigurosos” que puedan ayudar a entender mejor las causas y los factores de riesgo y a diseñar estrategias más efectivas, basadas en la mejor evidencia disponible.
El plan contempla la implementación de un sistema de vigilancia en salud mental dentro del sistema de vigilancia en salud pública, lo que significa que por primera vez, la salud mental “va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública” para permitir detectar tendencias y responder de una manera “mucho más ágil y coordinada”.
Además, se va a mejorar la coordinación del teléfono 024, “forzando” su conexión con otros servicios asistenciales en las comunidades, para lo que se va a promover la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las comunidades.
Los consejeros del PP han apoyado el plan, pero han pedido que incluya un punto específico de financiación.
Este documento es fruto del trabajo conjunto de las autoridades sanitarias con las sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, e involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.
El Plan de Acción de Salud Mental no prospera
Distinta suerte ha corrido en el Consejo Interterritorial de Salud el “Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027”, ya que las comunidades del Partido Popular lo han rechazado ante las críticas que ha recibido por parte de expertos independientes y sociedades científicas de Psiquiatría, reticentes a la desprescripción de psicofármacos que plantea el documento.
El plan rechazado aboga por una humanización del modelo de atención que va desde implantar un uso racional de psicofármacos y una mayor “prescripción social” a buscar alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica, y la regulación de la psicoterapia y la psicología clínica infantil.
Pese a que comparten la necesidad de esta acción y el trabajo realizado por los técnicos, las comunidades del PP consideran que este plan se debe seguir trabajando y no precipitar su aprobación para contar con el apoyo de los expertos.
La respuesta de la ministra de Sanidad
En la rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad ha arremetido contra las comunidades del PP por hacer oposición con la salud mental “boicoteando” el plan.
“El plan no era solo del Ministerio, estaba consensuado tras “largos meses” de trabajo con todos los equipos técnicos autonómicos, 32 sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pero ahora tendrá que volver a los comités consultivos para volver a pasar por otro Interterritorial”, ha añadido Mónica García.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) se quejó, en una carta remitida a la comisionada de Salud Mental, Belén González, a la que ha tenido acceso EFE, de que el documento final, que no se les remitió, no recoge ningún incremento de profesionales como se les garantizó, sino todo lo contrario.
Pero, sobre todo, esta sociedad científica se queja de que aunque el texto introduce “el uso racional de psicofármacos”, mantiene el de “desprescripción”, con el “consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos farmacológicos a largo plazo”.
La ministra de Sanidad ha negado que el Plan reduzca los profesionales de psiquiatría: “El Plan habla obviamente de aumentar la plantilla, lo que pone es unos mínimos a partir de los que tenemos que aumentar”.
En cuanto a la desprescripción, Mónica García ha aclarado que lo que implica es poner el foco en los pacientes que ya no necesitan un psicofármaco y que hay que ir retirándoselo, pero que sin embargo, “se les quedan ya ahí” prescritos sin que nadie los revise.
