Se cree que es al menos el sexto ataque en las aguas frente a Venezuela desde principios de septiembre, y el primero en el que hubo sobrevivientes que fueron recogidos por el ejército estadounidense. Hasta el momento, se ignora qué se hará con los sobrevivientes, que, según las fuentes, estaban retenidos en un buque de la Marina estadounidense.
Trump informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.
«Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga», dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
«Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga», declaró.
Según la prensa local, Estados Unidos atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra.
Ambas personas confirmaron el ataque bajo la condición de anonimato porque aún no ha sido reconocido públicamente por el gobierno de Trump.
El ataque del jueves eleva al menos a 28 el número de muertos por las acciones militares del gobierno estadounidense contra embarcaciones en la región.
Trump justificó los ataques afirmando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de George W. Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Eso incluye la capacidad de capturar y detener combatientes y usar fuerza letal para eliminar a sus líderes.
El uso de fuerza militar abrumadora por parte del jefe de la Casa Blanca para combatir a los cárteles, junto con su autorización de emprender acciones encubiertas dentro de Venezuela, posiblemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, pone a prueba los límites del derecho internacional, según los expertos legales.
Los sobrevivientes del ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo cuestionamientos sobre si se les considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal. La Casa Blanca no comentó sobre el ataque.
Reuters fue el primer medio en informar sobre el ataque el jueves por la noche.
Los ataques en el Caribe han causado inquietud entre demócratas y republicanos en el Capitolio, y algunos de estos últimos afirman que no han recibido suficiente información sobre cómo se llevan a cabo dichas ofensivas. Una sesión informativa clasificada efectuada a principios de este mes para los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado no contó con la participación de representantes de agencias de inteligencia o de la estructura de mando militar para América del Sur y Centroamérica.
Sin embargo, la mayoría de los republicanos del Senado respaldaron al gobierno la semana pasada, cuando se presentó una votación sobre una Resolución de Poderes de Guerra, que habría exigido que el gobierno obtuviera la aprobación del Congreso antes de realizar más ataques.
Su disposición a respaldar a la administración será puesta a prueba nuevamente.
El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, junto con su homólogo demócrata de California Adam Schiff y Rand Paul, senador republicano de Kentucky, han presentado otra resolución que impediría que Trump atacara directamente a Venezuela sin autorización del Congreso.