La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales argentinos, advirtió que el Gobierno de Perú «debe ser investigado» por presuntos delitos de «tortura, abuso, asesinato, persecución, amenaza e intimidación», al presentar este lunes un documento preliminar con pruebas y testimonios recabados durante una semana.»El Estado peruano debe ser investigado, ya que en el marco de la crisis social y política ocurrida a partir del 7 de Diciembre de 2022, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, habría torturado, abusado, asesinado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano«, dijo durante una conferencia de prensa en Lima, la dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) María José Cano.
Luego de cuatro días de relevar testimonios e información de víctimas y familiares de quienes sufrieron represión por parte del Gobierno de Dina Boluarte, la delegación presentó un documento preliminar, cuyo texto completo estará disponible los primeros días de marzo, según se indicó.
«Debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa practicas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales, utilizando armamento sofisticado y letal», agregó Cano en la conferencia difundida vía streaming.
Por su lado, el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Marino -quien también forma parte de la delegación- explicó que «provisoriamente» la Misión puede dar cuenta de «testimonios y prueba documental» que acreditan «delitos contra la vida, contra la integridad física y homicidios».
«Delitos de torturas, contra la libertad de reunión, contra la libertad de tránsito y delitos de lesa humanidad, atento al carácter sistematizado y por ser dirigido contra la sociedad en común», definió Marino las pruebas recabadas en el documento.
A modo de ejemplo, mencionó la «represión a estudiantes de la Universidad de San Marcos», donde la policía ingresó con tanquetas y las «siete detenciones de dirigentes del Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho)».
🔴 La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos estuvo presente en la Ciudad de Ica. La primera actividad se realizó en el Colegio de abogados, donde integrantes de la misión se reunieron con familiares, testigos y víctimas de distintos hechos represivos. pic.twitter.com/q1qT1KObvk
— Misión de Solidaridad Internacional y DDHH (@MisionDdhh) February 13, 2023
Si bien hay casos denunciados en distintos puntos del país, las regiones más afectadas por la represión fueron Juliaca, Ayacucho y Apurímac, según la delegación.
«Juliaca ha sido el epicentro de la represión. En esa zona se cuentan ya 20 muertos. Los relatos de la población son de terror», dijo la referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) Marianela Navarro.
Por su parte, el integrante de Patria Grande Gonzalo Armúa narró sus encuentros con víctimas de Ayacucho, una región que vive una «naturalización de la violencia».
Mencionó el caso testigo de «Raúl García Gallo», quien participaba de la movilización en Ayacucho y, según testigos, «fue ejecutado a menos de un metro con un disparo en el abdomen».
🇵🇪 🇦🇷 Estuvimos en Juliaca, Perú, recibiendo testimonios de familiares de los asesinados durante la masacre del 9 de enero y de los heridos por la represión del 9 de febrero. Nos solidarizamos con su reclamo: ¡JUSTICIA! pic.twitter.com/SLS7Jx08Ir
— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) February 12, 2023
Armúa dijo que «existen otros 7 casos» similares y mencionó también el asesinato de un hombre alcanzado por una bala cuando prestaba ayuda a un herido.
«Edgar Prado fue asesinado mientras asistía a los heridos. Su casa se encontraba cerca del aeropuerto. En este caso ni siquiera tenía una ideología política para estar en la manifestación, sino que ayudaba a vecinos y recibió el impacto de bala», sostuvo.
La Misión tiene previsto regresar este martes a la Argentina desde Perú, tras cuatro días dedicados a recabar «denuncias de violaciones a los derechos humanos», en el marco de la «represión» que se vive en ese país desde hace dos meses.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.