Cientos de trabajadores y trabajadoras se movilizaron este jueves frente a la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba prevista una sesión caliente del Consejo Directivo. No era una reunión más, sino la expresión directa del impacto que generó dentro del organismo el plan de desguace que impulsa el Gobierno. Acatarlo o rechazarlo fue el punto principal de una sesión que finalmente fue suspendida por falta de cuórum, poco antes de las 21.
El Gobierno reclama que haya un alineamiento automático a cambio de no intervenir el ente para clausurarlo. Dentro del INTA avanza una fuerte resistencia a ese plan y la reunión suspendida de este jueves es otro termómetro de ese proceso. Un sector impulsaba denunciar el plan de vaciamiento de la institución y la posible “intervención del Poder Ejecutivo Nacional que apunta a un desguace del INTA con despidos, adelanto de jubilaciones, eliminación de sectores y remate masivo de bienes”.
La movilización, convocada desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA), acompañó desde afuera lo que pasaba adentro del Consejo. Dejó en evidencia el rechazo generalizado a los recortes anunciados.
El plan de ajuste incluye la venta de más de 27.000 hectáreas distribuidas en 24 propiedades en varias provincias, el despido de 1.500 trabajadores, que se sumarán a los 310 retiros voluntarios y 250 jubilaciones forzadas. Las tierras a subastar, arrendar o vender por considerarse «ociosas» incluyen 6.505 hectáreas en Santiago del Estero y abarcan zonas estratégicas en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe
El Consejo Directivo del organismo está integrado por el presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo. Ambos son designados por el Poder Ejecutivo. Además hay un representante de las facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales; un miembro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y por representantes de las entidades del sector.
El Gobierno Nacional advirtió que, si el Consejo Directivo no acompaña el ajuste, podría avanzar con una intervención directa, dejando sin efecto su funcionamiento. Este escenario plantea interrogantes sobre hasta dónde llegará la resistencia de las entidades agropecuarias y qué concesiones estarían dispuestas a negociar para respaldar el desguace del INTA.
Pablo Paillole, productor de Santa Fe y dirigente de Bases Federadas –que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA)–, es uno de los representantes de las entidades en el Consejo Directivo del organismo. Su sector interpreta que el llamado “plan de modernización” reorienta la tarea del INTA casi exclusivamente al apoyo a la exportación, “con el objetivo de generar divisas para cumplir compromisos externos, como los pagos al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados, dejando de lado las políticas que fomentan la agricultura familiar y los sistemas productivos mixtos”.
En diálogo con Tiempo Rural, Paillole detalló que “el eje central de este modelo apunta al desarrollo de un sector agropecuario concentrado y orientado exclusivamente al mercado externo, dejando de lado las necesidades de sectores como la agricultura familiar y campesina, históricamente excluidos de la toma de decisiones dentro del organismo”. Esto incluye no solo el despido de trabajadores, sino también “una priorización de líneas de investigación que beneficien exclusivamente a grandes empresas, limitando su alcance a un campo de frontera».
Un trabajador del INTA que, por miedo a ser despedido, pidió no dar a conocer su nombre, confirmó desde adentro del organismo que su conducción actual, designada por el Poder Ejecutivo, responde a sectores ligados al agronegocio, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Sin embargo, detalló que las otras entidades privadas que forman parte del Consejo como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque apoyan varios aspectos del modelo económico, “temen las repercusiones políticas e institucionales que implicarían los despidos de trabajadores y la venta de tierras experimentales, aspectos centrales del plan presentado”. Las entidades agropecuarias enfrentan un dilema: “Mientras la Sociedad Rural podría encontrar mayor afinidad con el ajuste, otras organizaciones, como Federación Agraria y Coninagro, advierten un posible costo frente a sus bases, muchas de las cuales ya muestran malestar”, explican en el organismo. Aunque estas entidades históricamente han controlado el Consejo Directivo, ahora se enfrentan al desafío de decidir si respaldan un desguace que podría impactar negativamente su relación con pequeños y medianos productores.