Esta semana, el pasado martes 13, el Ejército Argentino publicó un comunicado oficial en el que informaba que había recibido varias alertas sobre una brecha de seguridad informática que está en proceso de investigación, que hasta el momento no ha producido ninguna confirmación concreta. Según trascendió, al menos 50.000 documentos de militares argentinos fueron infiltrados por expertos en estas operaciones. Es lo que se dice un hackeo, un procedimiento subrepticio de piratas informáticos. No es la primera vez que un organismo del Estado nacional sufre este tipo de ataque, lo extraño es que ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad hayan dado cuenta del cuadro de situación.
Como se sabe, la cartera de Defensa está a cargo del ¿ex? radical Luis Petri y la cartera de Seguridad a cargo de la tránsfuga Patricia Bullrich; en otras palabras los componentes de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio que terminaron recalando en el gobierno de La Libertad Avanza.
Tanto más curioso resulta el hecho de que el hackeo -que no es el primero- se produce durante el mandato libertario, un gobierno que se ufana de pertenecer a la generación digital; los funcionarios se apoyan y apuntan hacia lo tecnológico (el presidente Milei se abraza con uno de los ciberempresarios multimillonarios, Elon Musk); sin embargo la filtración pirata se repite. Ya sucedió con varias reparticiones, ahora fue el turno del Ejército.
Se trata de un episodio preocupaste que obliga a revisar la calidad de las barreras de protección para resguardar información vital para el Estado.
La piratería se da también en medio de los intentos de la Casa Rosada de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado dentro de las fronteras del país, lo que aumenta el contrasentido. Está preparado para esa tarea tan importante al tiempo que sufre una violación a la seguridad informática.
Agudizando los sentidos el problema puede ser todavía más complejo ¿está a resguardo el sistema electoral? Mañana se vota en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un experimento tecnológico, ¿es seguro?
No es cuestión de agitar fantasmas y sembrar dudas o temores, pero resulta conveniente estar despierto frente a las posibles consecuencias a las que está expuesto el Estado.
Por lo pronto el foco está puesto en lo que sucedido -o habría sucedido- en el Ejército. Según remarcaron las autoridades, «la investigación preliminar indica que podría tratarse de acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la fuerza». Sin embargo, no hay certeza. El comunicado de los militares no fue tajante y es el uso del potencial lo que genera incertidumbre mientras no se conozca con precisión el alcance del hackeo.
En principio, los técnicos de la empresa Birmingham Cyber Arms advirtieron a las autoridades de Defensa que estaban vendiendo datos de 50.000 uniformados de la Argentina. Birmingham se dedica a investigaciones de ciberseguridad y tiene una página web que hace análisis de hackeo a nivel mundial. Un periodista fue el primero en alertar sobre la filtración, fue entonces cuando el Ejército presentó una tímida explicación, fechada el 13 mayo y señaló que había notificado a la Justicia el día 8 de mayo.
El ministerio que encabeza Patricia Bullrich estaría al frente de la investigación junto con las áreas de ciberdefensa militar. La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) de la Side, dirigida por Ariel Waissbein, especialista en criptografía, área que se especializa en preservar datos, no ciberinteligencia, se sumó al monitoreo, pero dicen que tienen limitaciones operativas. Poco personal.
¿No saldrá de todo esto una nueva partida multimillonaria para la Side?