A las denuncias por posible corrupción dentro de su gobierno y de su partido, el PSOE, y a la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, se sumó este fin de semana una protesta organizada por asociaciones de derecha en la que unas 25 mil personas pidieron su renuncia y un anticipo electoral cuanto antes.
Y no sólo eso: una investigación de la Guardia Civil reveló que el presidente “mintió” sobre una confusa escala de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020.
La gestión de este segundo gobierno de coalición de la democracia española está siendo corroída, además, por anuncios como que Cataluña -una de las 17 regiones españolas- tendrá un financiamiento “singular” por parte del Estado. O la reciente modificación de una ley, que sin embargo aprobaron todos los grupos parlamentarios, que beneficiará a los presos de ETA que cumplen condenas fuera de España.
Tampoco es una buena noticia para Sánchez la imputación del Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, públicamente respaldado por el jefe del gobierno, y a quien se lo acusa de un presunto delito de revelación de secretos. Es la primera vez que el Tribunal Supremo resuelve investigar al jefe de los fiscales. En este caso, por una filtración de información en una causa que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal.
Hasta el caos ferroviario que este fin de semana afectó a unos 15 mil españoles y turistas por la cancelación de 32 trenes puso en el ojo de la tormenta al gobierno y le apuntó al actual ministro de Transportes, Oscar Puente.
El caso “Koldo”
Así conocen los españoles al caso de corrupción que la Justicia española lleva meses investigando: una trama que habría cobrado coimas millonarias en la compra de barbijos y material sanitario durante los primeros tiempos de la pandemia de Covid y de la que podría haber participado un ex ministro de Pedro Sánchez.
Las evidencias señalan como uno de los posibles cabecillas de la red a Koldo García, principal asesor del ex ministro de Transporte, José Luis Abalos.
Durante el gobierno anterior de Sánchez -el que acordó en coalición con Pablo Iglesias, de Podemos-, Abalos era, además de uno de los ministros que recibía mayor presupuesto, secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez quien, sin dar detalles, lo corrió de su gabinete en julio de 2021.
Sin embargo, Abalos integró las listas a diputados del PSOE en las últimas elecciones de julio del año pasado y ocupó su banca en el Congreso. En febrero, cuando estalló el escándalo de la trama corrupta, el partido lo expulsó. Pero como en España los escaños son de las personas y no de los partidos, Abalos no dejó su silla.
Ya no es más diputado del PSOE sino un parlamentario solitario que podría perder la inmunidad que le concede el cargo pronto: la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo que impute al ex ministro de Transportes. Considera que hay indicios de su presunta participación en la red de corrupción.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el ex ministro tuvo un “papel relevante y de responsabilidad” y que podría haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
Ese mismo informe reveló, como efecto colateral al indagar en el celular del ex ministro investigado, que en enero de 2020 Abalos había informado al presidente Sánchez, por chat, que la vice de Maduro quería reunirse con él “discretamente”, a lo que el presidente del gobierno le respondió: “Bien”.
Desde 2018 la Unión Europea sanciona a algunos altos cargos venezolanos –incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez– prohibiéndoles poner pie en ninguno de los 27 países que integran el espacio Schengen.
Denuncia anónima
La semana pasada, además, el Partido Popular, líder de la oposición, presentó una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal.
La denuncia se basó en un artículo de una publicación online que recoge la declaración anónima de dos personas que aseguraron haber dejado en la sede del PSOE 90 mil euros a cambio de favores en la obtención de licencias.
Pero este lunes, la Audiencia Nacional rechazó la querella del PP por falta de pruebas: “Con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más” señaló el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
La investigación a Begoña
El presidente de Vox, Santiago Abascal antes de participar en la concentración convocada en Madrid contra Sánchez. Foto EFEDesde entonces, el juez Juan Carlos Peinado investiga las cartas de recomendación que Begoña Gómez pudo haber firmado en favor del empresario Carlos Barrabés, con quien Gómez co-dirigía una cátedra de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Peinado amplió su investigación hasta que la Fiscalía Europea le recortó el terreno: pidió indagar si alguno de los posibles delitos supuestos involucraron fondos europeos.
En su instrucción, el juez Peinado citó a Pedro Sánchez, como esposo de la investigada, y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa. El jefe del gobierno, amparado en su derecho, se negó a declarar. Pero esa grabación, de menos de un minuto, recorrió las redacciones de los periódicos y toda España la escuchó.
A fines de septiembre, con el inicio del año académico, la Complutense informó que cerraba la cátedra de Begoña Gómez. “Por devaluación reputacional y baja demanda de estudiantes”, argumentaron.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le acaba de dar otra mala noticia a Pedro Sánchez: rechazó la querella por prevaricación (acto injusto y arbitrario) que el jefe del gobierno había presentado contra el juez Peinado.