Con 47 civiles y un policía muertos en protestas y con una clase política atascada que ni siquiera ha podido dar respuesta concreta al clamor nacional de nuevas elecciones a la brevedad, el futuro del Perú con la presidenta Dina Boluarte está lleno de incertidumbres.«Ya se cruzó cualquier línea de lo aceptable. Esto no tiene ninguna justificación. Este nivel de violencia de la Policía con aval y mandato del poder político es una ruptura del orden democrático. No hay estado de derecho», reaccionó la exparlamentaria socialista Marisa Glave.
«Este régimen no puede seguir ni un minuto más. Solo ha sabido dispararle al pueblo, como si la vida no valiera nada», agregó la activista de izquierda Lucía Alvites. Comentarios en el mismo sentido inundan las redes y las calles.
Después de dos semanas de intensas movilizaciones en Lima, las que a pesar de ser mayoritariamente pacíficas terminaron siempre en enfrentamientos entre grupos de manifestantes y policías en torno a las instalaciones del Congreso, un hombre de 55 años se convirtió este sábado en el primer fallecido en la capital, con un tiro de la Policía en la cabeza.
Pero ya antes 46 civiles habían fallecido, la gran mayoría a bala, en diversos puntos del país, sobre todo en el siempre postergado sur andino, a los que se suma un policía quemado vivo dentro de su patrullero por manifestantes. La Defensoría del Pueblo ha documentado además otros 10 muertos por hechos indirectos, pero derivados del conflicto.
Los 53 días transcurridos desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo -quien intentó previamente disolver el Parlamento y gobernar por decreto- y lo reemplazó por la vicepresidenta Boluarte, su excompañera en la fórmula del partido de izquierda Perú Libre, han sido un permanente incendio social.
Boluarte, en el primer momento, anunció su intención de quedarse hasta 2026, como se lo permitiría la Constitución, con lo que desoyó el clamor nacional, reflejado en sondeos, de comicios anticipados para elegir nuevos Ejecutivo y Legislativo.
Cuando corrigió horas después con un anuncio de elecciones anticipadas, el país ya estaba incendiado, y desde entonces no ha habido pausa.
Según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado este domingo, la presidenta es rechazada por 76 % de los peruanos, frente a un 17 % que la apoya. Es decir, en menos de dos semanas superó las cifras de rechazo a Castillo, que siempre fueron altas.
En el sur andino, compuesto en su mayoría por comunidades indígenas y del que paradójicamente proviene Boluarte, una abogada quechuahablante del departamento de Apurímac, proveniente de una familia campesina y pobre, ese rechazo llega a 88 %, lo que explica que sea el epicentro de las protestas.
La fractura del país es histórica: «No somos una Nación, somos una Nación en formación», dijo el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau, un economista de 72 años que ha ganado popularidad dentro de la crisis por sus posiciones aperturistas, que incluyen haber permitido que su institución fuera hogar temporal de estudiantes del interior que llegaron a Lima a protestar.
López Chau aclara que esa definición no es suya, sino de cuatro pensadores peruanos, con opiniones chocantes entre sí, pero que son siempre el faro para estudiar al país: Víctor Andrés Belaúnde (1883-1966), José Carlos Mariátegui (1894-1930), Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) y Jorge Basadre (1903-1980).
Las protestas, con una agenda diversa, derivada de su variopinto y casi anónimo liderazgo, se centraron desde el comienzo en cinco puntos: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas, nueva Constitución y libertad para Castillo.
Un reciente pronunciamiento de la Asamblea Nacional de los Pueblos, uno de los aglutinadores de manifestantes, hace algunas modificaciones: insiste en la salida de Boluarte, en las elecciones prontas y en la Constituyente, pero en lugar de cierre inmediato del Congreso pide una recomposición de su directiva, de forma que de allí salga un gobierno interino, y prácticamente deja a Castillo de lado.
Pero en las movilizaciones callejeras, la consigna más repetida es la salida de la presidenta, la otrora desconocida militante de izquierda que terminó en la práctica convertida en aliada de las fuerzas de derecha que manejan el Congreso.
Boluarte, que culpa de lo que ocurre a «violentistas» ligados al terrorismo, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal y azuzados por líderes como el expresidente boliviano Evo Morales, ha dicho que no renunciará, pero ha instado al Congreso a que adelante lo más posible las elecciones, pensadas originalmente para abril de 2024.
Una maniobra en ese sentido liderada por uno de los partidos de la derecha radical, Fuerza Popular (FP), fracasó el sábado en su intención de adelantar los comicios para octubre de este año. Ni la izquierda ni los demás partidos de derecha apoyaron la iniciativa, a la que muchos vieron como una táctica del fujimorismo por ser el sector mejor preparado para unos comicios con campaña relámpago.
La otra derecha argumentó que es necesario introducir reformas previas, por lo que se debe mantener la idea de abril -con excepción de ultraderechistas de Renovación Popular y Avanza País, que simplemente rechazan que haya comicios antes de 2026-, mientras que la izquierda lo condicionó a incluir un referendo sobre un proceso Constituyente.
Para los analistas y sobre todo para la población, todas esas son excusas. «Esos congresistas, de derecha o de izquierda, no quieren soltar la mamadera (los recursos del Estado)», dijo a la televisión uno los hombres que participaba en las movilizaciones del sábado.
Lo más grave, en opinión de abogados como Rosa María Palacios, es que, al ser derrotado el replanteamiento para adelantar las elecciones a octubre, queda sin sustento el acuerdo previo de hacerlas en abril. Es decir, hoy día no habría comicios. El tema es debate para constitucionalistas.
En ese marco, rumores insistentes manejados por diarios como La República, apuntan a que Boluarte está cerca de la renuncia, y si no lo hace es porque se lo impide su primer ministro, Alberto Otárola, quien, para muchos, es quien toma las decisiones de gobierno, en especial en cuanto a represión.
Si Boluarte renunciara, la presidencia tendría que ser asumida por el jefe del Congreso, el derechista José Williams, quien, a diferencia de la mandataria, sí estaría obligado por Constitución a realizar elecciones en seis meses.
El problema, para los analistas, es cómo reaccionaría la población frente a una presidencia interina emergida directamente de un Parlamento con 88 % de desaprobación, y en especial con un general del Ejército en retiro como Williams.