“Con las familias no se meten”, le decía el militar a su esposa, María Cristina “Maby” Picón, pero el 1° de diciembre de 1974, en el centro de San Miguel de Tucumán, a los terroristas no les importó disparar dentro del vehículo en el estaban sentadas sus hijas de 3 y 5 años, mientras su mujer embarazada de cinco meses gritaba. El reclamo de justicia que nunca llegó, la indemnización a los terroristas y un triste tatuaje.
Hasta su fallecimiento el 17 de junio de 2021, María Cristina “Maby” Picón, la viuda del capitán Viola, insistió que para su familia no habían existido los derechos humanos. “Cargo en mis espaldas la mochila del dolor, y enfrenté desde muy joven el duro camino de vivir”.
Vivía en Yerba Buena, en las afueras de San Miguel de Tucumán, durante mucho tiempo trabajó en el Colegio Nacional y, con el tiempo, pudo rehacer su vida y tuvo otra hija llamada Agustina.
En 2008 la justicia había rechazado su pedido de reapertura de la causa, argumentando que no había sido un delito de lesa humanidad. En 2016 recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el mismo propósito para que se hiciera justicia con el asesinato de su marido el capitán Humberto Antonio Viola y de su pequeña hija María Cristina, de 3.
El militar junto a su hija. Los guerrilleros sabían que los domingos la familia seguía una rutina.
Era la rutina de los domingos. Desayuno en familia, asistir a misa y al mediodía almorzar en la casa de los abuelos paternos, en Ayacucho 233, a cinco cuadras de la histórica Casa de Tucumán. Ese caluroso 1 de diciembre de 1974 fueron en el Ami 8 el capitán Viola, su esposa María Cristina, embarazada de cinco meses de su hija Luciana, y sus pequeñas hijas María Cristina, de 3 y María Fernanda, de 5.
Viola había nacido el 15 de febrero de 1943 en Tucumán y estaba destinado en el Destacamento de Inteligencia de esa provincia. Los terroristas lo tenían marcado. Ante el clima de violencia que se vivía, una semana antes trató de tranquilizar a su esposa: “Todos corremos peligro. Esto es una guerra, pero no te preocupes, con las familias no se meten”, decía.
El joven matrimonio. Tenían dos hijas, de 3 y 5 años, y ella estaba embarazada de cinco meses.
En octubre de ese año el ERP había anunciado que “ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia” y que, ante la muerte de un guerrillero, ejecutaría a un militar. Las acciones comenzaron el 10 de octubre con el asesinato del teniente primero de intendencia Juan Carlos Gambande, luego mataron al mayor bioquímico Jaime Gimeno, al teniente coronel José Cardón, al mayor Néstor López y al teniente primero Roberto Carbajo.
Para llevar a cabo su cometido, los terroristas planearon conseguir una casa para cinco personas, y como demoraron en ubicar una, cuando les mandaron las armas debieron esconderlas de apuro en una pensión donde se alojaba un guerrillero. Al frente del grupo estaba el santiagueño Hugo Irurzun, conocido como “el capitán Santiago”. Lo secundaban Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco-chileno Svante Grände.
María Cristina pasó su vida bregando por justicia, cuando los terroristas que permanecían detenidos fueron indultados. Puede verse en su mano el tatuaje que se había hecho.
Los ocupantes de los tres autos que participarían de la emboscada vieron llegar a la familia a la una y cuarto. Habían hecho inteligencia y conocían los movimientos de Viola. Los que llevarían a cargo el ataque eran miembros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que evocaba a un dirigente del PRT muerto tiempo atrás.
Los terroristas se sorprendieron al ver que el militar no cumplía la rutina. Viola no bajó a abrir el portón del garaje, sino que lo hizo su esposa. El matrimonio no se percató que en la esquina un auto de los atacantes había sido cruzado para cortar el tránsito. En uno viajaban los asesinos mientras que el otro quedó de apoyo.
Cuando el vehículo se puso a la par del de Viola, adelantándose solo un poco, se le efectuó un disparo de escopeta Itaka, y algunos perdigones impactaron en el parante de la puerta y otros fueron a dar a las niñas que viajaban en el asiento trasero. “Los balines dan de rebote a la pibita de tres años que estaba atrás…”, se describió en el parte de los terroristas.
El ERP dijo que el asesinato de la criatura había sido «un exceso injustificable».
María Cristina, a quien el estruendo de la Itaka sorprendió mientras abría el portón, gritaba impotente que no disparasen sobre el auto, que estaban sus hijas.
Otro, armado con una ametralladora, ingresándola por la ventanilla, disparó una ráfaga corta de cuatro tiros, que dieron en el cuerpo de Viola. Aún herido, abrió la puerta del acompañante. Pretendió alejarse del auto para que no concentraran el fuego en sus hijas. Le dispararon un escopetazo que pasó por arriba de su cabeza. Corrió hacia la calle San Lorenzo. El que llevaba la ametralladora, le efectuó un disparo con su pistola que erró, pero un segundo tiro lo hizo desplomar.
Ya sin aliento, lo remataron de un tiro en la cabeza. El que llevaba la escopeta le disparó a quemarropa y luego, otro tiro de gracia. Habían llevado además cinco granadas, pero no tenían los detonantes. Entonces, los asesinos escaparon.
Además de Viola, había fallecido su hija María Cristina, de solo tres años. “Un exceso injustificable”, admitió el ERP. Su hermana, María Fernanda, de 5, quedó gravemente herida de un disparo en la cabeza. Estuvo en coma cuatro meses, la operaron ocho veces y le quedaron secuelas: tiene problemas de visión y le faltan dos huesos en la cabeza.
La justicia condenó por los homicidios del capitán Viola y de María Cristina, y de la tentativa de homicidio contra María Fernanda a reclusión perpetua a Paz, Emperador, Nuñez y Vivanco en 1976 y a Carrizo en 1982.
Hasta febrero de 1983, Núñez, Carrizo, Emperador y Paz estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo. En 1987 Núñez fue liberado por un juez tucumano por buena conducta, ya que barría todos los días su celda y leía la Biblia, como se justificó el magistrado ante la viuda. Entre 1988 y 1989, todos quedaron bajo libertad condicional. El resto habían caído en distintos enfrentamientos, como Svante Grande, muerto en el monte tucumano al año siguiente. Irurzun, el jefe del grupo, murió el 18 de septiembre de 1980 en Paraguay, luego de haber participado en el atentado en el que asesinaron a Anastasio Somoza.
El impacto que causó las muertes de Viola y de su pequeña hija fue uno de los detonantes de la aplicación del decreto 261/75 para combatir a la guerrilla, apuntado a combatir el accionar del ERP. Nacía el Operativo Independencia.
Viola fue uno de los objetivos del ERP que operaba en Tucumán. Dos meses después de su muerte el gobierno desplegó el llamado Operativo Independencia.
Las familias de Francisco Carrizo, Rubén Emperador, Fermín Núñez y José Paz cobraron las respectivas indemnizaciones, acorde a la ley 24.043, que contemplaba beneficios a las personas que hubieran estado a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio o que, siendo civiles, hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.
En junio de 2021, María Cristina falleció de un ataque fulminante al corazón. Tenía 73 años. Hacía poco tiempo que también había muerto el marido de su hija María Fernanda.
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p class=»paragraph»>Ella se fue de este mundo habiendo perdonado a los asesinos de su familia. Como sabía que su hija estaba en el cielo y se había convertido en ángel, María Cristina no solo tenía un sinnúmero de ellos en su casa, sino que se había tatuado en su mano un par de alas porque decía que esa era la manera que podía seguir viendo a esa niña a la que le habían arrebatado la vida un caluroso mediodía de domingo que nunca más olvidó. (Fuente: Infobae).