La crisis económica y el abandono del Estado avanzan al mismo tiempo. Una es consecuencia del otro y nadie puede negar que los más vulnerados son quienes peor la están pasando. En ese sector, en los últimos tiempos se profundizó una problemática que está directa o indirectamente vinculada a esta situación y que puso el foco en el suicidio adolescente en nuestro país.
Varios informes aseguran que esta problemática ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud, desde 2022 lidera las causas de muerte en personas de 15 a 24 años y, en 2024, volvió a ocupar el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito.
En la Ciudad de Buenos Aires, casi 3 de cada 10 adultos padecen síntomas severos o moderados de ansiedad y depresión, guarismo que se eleva al 40,9% en los hogares monomarentales y que se duplica en las comunas de la zona sur de la ciudad en comparación con los barrios del norte, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Criminal.
A raíz de esta situación, la oposición en la Legislatura porteña puso el foco en esta situación y presentó varias propuestas.
Desde el bloque de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) impulsan un proyecto que busca modificar la Ley 6106 y crea un Plan de Capacitación en Prevención, Atención y Postvención del Comportamiento Suicida en Población Preadolescente, Adolescente y Juvenil, destinado a personas de entre 10 y 24 años.
La iniciativa presentada en las últimas horas establece que la capacitación será obligatoria y alcanzará a trabajadores de los tres poderes de la Ciudad, personal directivo, docente y no docente de escuelas públicas y privadas, profesionales de salud, justicia y seguridad, trabajadores de hogares convivenciales y residencias socioeducativas, integrantes de clubes y espacios deportivos y miembros de organizaciones sociales, comunitarias y religiosas que desarrollen actividades con adolescentes.
El texto que lleva las firmas de Andrea Mariana González, Matías Barroetaveña, Victoria Freire, Noemí Geminiani, Matías Lammens y Leandro Santoro (FxBA); establece que los contenidos deberían incluir la identificación de señales de alerta y factores de riesgo, herramientas de intervención ante situaciones de crisis, prevención de conductas autolesivas, abordaje comunitario, derechos humanos, género y diversidades y una perspectiva específica sobre violencia digital.
Respecto al crecimiento de casos de ciberbullying, el texto plantea que dentro de las estrategias de prevención se deben contemplar medidas para este flagelo y otras formas de violencia digital. En ese sentido incorpora para las escuelas la capacitación sobre prevención y postvención del comportamiento suicida a la formación docente continua y gratuita. Además, plantea fortalecer los Equipos de Orientación Escolar, desarrollar materiales específicos para clubes de barrio y centros comunitarios y capacitar a referentes territoriales para que puedan funcionar como redes de sostén y articulación con los equipos de Atención Primaria de la Salud.
El proyecto establece además que, ante un suicidio consumado que afecte a estudiantes, jóvenes o integrantes de una institución educativa, deportiva o comunitaria, la autoridad de aplicación deberá disponer equipos técnicos para realizar acciones de postvención. El acompañamiento deberá ser interdisciplinario, intersectorial y sostenido durante al menos un año, con intervención sobre familiares, pares, docentes y referentes de la comunidad afectada.
Por su parte, desde la Izquierda, presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Sanitaria en Salud Mental en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo de dos (2) años, prorrogable por igual período por la Legislatura de la Ciudad si persisten las condiciones socioeconómicas y epidemiológicas que fundamentan la presente norma.
El objetivo, en este caso, es dar respuesta urgente y de manera integral, a la grave crisis de salud mental y el incremento alarmante en los índices de suicidios e intentos de autolesión. “Todas las medidas adoptadas deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y ajustarse estrictamente a lo establecido en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la Ley de Salud Mental de la Ciudad N° 448 y sus normas complementarias”, dice el documento que lleva las firmas de las diputadas Vanina Biasi y Amanda Martín.
Según los últimos registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en el último período las muertes por suicidio sufrieron un incremento masivo del 22,6% a nivel nacional, superando ampliamente a otras causas de muerte violenta y consolidándose como la principal causa de muerte en la franja joven de 15 a 34 años. “En la Ciudad de Buenos Aires, casi 3 de cada 10 adultos padecen síntomas severos o moderados de ansiedad y depresión, guarismo que se eleva al 40,9% en los hogares monomarentales y que se duplica en las comunas de la zona sur de la ciudad en comparación con los barrios del norte”, destaca el proyecto de la Izquierda entre sus fundamentos.
El documento asegura que esta mutación de la violencia social es el resultado directo del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora. El desempleo, la precarización laboral sistemática, que golpea con saña a la juventud, el endeudamiento familiar con entidades financieras y billeteras virtuales, la inseguridad alimentaria y el flagelo descontrolado de las apuestas en línea sobre los adolescentes son los detonantes de este malestar popular que no encuentra contención en las instituciones actuales.
El vaciamiento del Estado porteño
Ambos proyectos ponen el foco en la responsabilidad del Estado porteño ante el incremento de los suicidios en adolescentes y, coinciden que existe un deterioro y ajuste en varias políticas públicas.
“Frente a esta catástrofe social, el Estado responde con vaciamiento y ajuste. Mientras la demanda en guardias y efectores comunitarios crece sin pausa, las autoridades subejecutan sistemáticamente las partidas destinadas a salud mental y concentran la abrumadora mayoría del presupuesto escaso en el sostenimiento de las estructuras monovalentes, desprotegiendo la atención primaria en los CeSAC y vaciando las herramientas de prevención territorial. A esto se suma la precarización de los profesionales y trabajadores del sector que se ven obligados a renunciar frente a los magros salarios, dejando efectores y guardias con especialidades sin cubrir”, profundiza uno de los proyectos.