La contradicción entre el discurso y los actos de gobierno sumó este martes un nuevo y gravísimo capítulo en el extremo sur del país. El buque tanque petrolero VS Promise —una mole de más de 228 metros de eslora y bandera del Reino Unido (registrado formalmente en la Isla de Man, dependencia de la Corona británica) — amarró en el muelle comercial del puerto de Ushuaia sin que las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fueran notificadas ni tuvieran margen legal para impedirlo.
La operación encendió todas las alarmas institucionales y geopolíticas, reabriendo un frente de tormenta entre el gobierno de Gustavo Melella y la administración central de Javier Milei. No es para menos: en un territorio provincial cuya jurisdicción constitucional incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, la presencia de una embarcación vinculada a la potencia ocupante opera como una bofetada al régimen de protección soberana vigente.
La ruta del crudo y el factor colonial
El raid del VS Promise, reconstruido a través del seguimiento satelital, expone la lógica de una operatoria mercantil que elude los controles históricos de soberanía. La embarcación operó hasta mediados de agosto en la monoboya de Río Cullen, sobre la costa atlántica norte de la Isla Grande. Allí es donde el consorcio hidrocarburífero integrado por TotalEnergies, Pan American Energy y los activos de la ex-Wintershall Dea extrae y bombea el petróleo crudo costa afuera (offshore).
Tras cargar en la zona norte, el tanquero —con capacidad para transportar más de medio millón de barriles— enfiló hacia el sur y concretó su polémico amarre en el puerto capitalino. Desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, encabezada por Andrés Dachary, se expuso con crudeza la gravedad institucional: «Que un funcionario provincial tenga que decir que va a averiguar quién contrató un barco que cargó petróleo en su propia costa y amarró en su propia capital es la medida exacta de lo que pasó acá».
La defensa oficial no tardó en aparecer: el vocero presidencial sostuvo que la presencia del buque no afecta la soberanía argentina y que la Ley Gaucho Rivero no resultaría aplicable porque el VS Promise no habría realizado tareas de exploración o explotación dentro de la Cuenca de Malvinas, sino en Río Cullen, sobre la Cuenca Austral-Magallanes. En una lectura estrictamente literal del Artículo 2°, el argumento técnico existe. Pero ese es precisamente el problema: la discusión sobre si la ley alcanza o no a esta operación específica es una discusión que debió darse en el ámbito provincial, con la provincia en condiciones de evaluar, interpretar y, de corresponder, impedir el amarre. La intervención federal del puerto no resolvió el debate: lo anuló de raíz. Al despojar a Tierra del Fuego de la administración portuaria, el Gobierno nacional le arrebató la potestad misma de discutir la aplicación de su propia legislación soberana, convirtiendo una cuestión jurídica disputada en un hecho consumado por decreto.
La ley ignorada: el espíritu de la «Gaucho Rivero»
El punto más irritante para la provincia no es sólo el perfil comercial del buque, sino la existencia de una barrera legal expresa que fue deliberadamente burlada. Tierra del Fuego cuenta con la Ley provincial 852, conocida popularmente como Ley Gaucho Rivero, que prohíbe la permanencia, el amarre o el abastecimiento de buques de bandera británica o de conveniencia vinculados al enclave colonial en el ámbito de la Cuenca de Malvinas. La provincia, sin embargo, venía interpretando ese espíritu de protección soberana como un freno a la operatoria británica en todo su territorio.
Históricamente, esta normativa demostró ser un freno efectivo: en 2012, sin ir más lejos, la Dirección Provincial de Puertos le negó el ingreso a un crucero turístico británico en estricto cumplimiento de la norma. Sin embargo, esta vez la normativa provincial chocó contra una realidad de excepción impuesta desde la Casa Rosada.
El trasfondo: la intervención y la toma de la «caja» portuaria
Aquí radica el núcleo político del conflicto y la respuesta a la pregunta sobre cómo fue posible semejante autorización. En enero de este año, el Gobierno de Javier Milei dispuso la intervención federal del puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, desplazando a la administración provincial bajo el argumento formal de supuestos riesgos operativos y deficiencias de infraestructura.
Detrás del paraguas técnico esgrimido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se escondía una puja feroz por los recursos estratégicos: una caja multimillonaria del puerto que genera la terminal fueguina y los reordenamientos comerciales promovidos por sectores afines al oficialismo nacional.
Bajo la órbita directa de la Nación
Al despojar a la provincia de la administración del puerto, el gobierno nacional no solo centralizó los millonarios ingresos portuarios y judicializó el federalismo económico, sino que desactivó los mecanismos locales de fiscalización soberana. Al quedar el puerto bajo la órbita directa de la Nación, los controles provinciales basados en la legislación de defensa de la soberanía sobre Malvinas quedaron inhabilitados de hecho.
La disputa por los recursos tampoco quedó en el terreno de las interpretaciones. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que exige al Gobierno nacional detallar todos los ingresos percibidos desde el 21 de enero de 2026 por la operatoria portuaria, discriminando concepto, monto y destino, así como eventuales transferencias a cuentas de la ANPyN, la Administración General de Puertos u otros organismos. El reclamo pone en evidencia que, junto con la administración del puerto, pasó a la órbita nacional el control sobre recursos económicos cuya magnitud ahora se intenta determinar. La propia provincia lo expresó en términos contundentes: el puerto fue «sustraído de la administración provincial», y por eso resulta «inadmisible» que un buque de bandera británica opere en la capital de la provincia que reclama las Malvinas.
Soberanía cero
El repudio formal emitido por el gobierno fueguino exigiendo explicaciones inmediatas al presidente Milei sobre los criterios políticos y estratégicos que avalaron la operación del VS Promise pone negro sobre blanco una sospecha que recorre a toda la dirigencia patagónica: la intervención portuaria de enero no fue un mero movimiento de saneamiento administrativo, sino una jugada calculada para desregular el control estratégico de la puerta de entrada a la Antártida y al Atlántico Sur.
Mientras la Cancillería ensaya silencios diplomáticos y la Casa Rosada prioriza una subordinación geopolítica y comercial sin anclaje en los intereses nacionales, el episodio del petrolero británico en Ushuaia confirma que, para el modelo libertario, la soberanía territorial no es un mandato constitucional irrenunciable, sino un obstáculo administrativo a remover en nombre del libre mercado.
En los hechos, la secuencia describe una postal elocuente: un buque vinculado a la Corona británica cargando crudo fueguino en una monoboya offshore y amarrando en un puerto intervenido por la Nación, todo de espaldas a las autoridades provinciales. Que el Gobierno ahora esgrima una lectura restrictiva de la ley para justificar lo sucedido solo confirma que, sin la intervención, esa lectura hubiera enfrentado el escrutinio de quienes tienen a Malvinas grabadas en su Constitución provincial. La operatoria desnuda cómo, bajo el paraguas de una lógica exclusivamente mercantil, se desarticulan los mecanismos locales de control soberano y quedan expuestas las profundas contradicciones del Gobierno nacional en el Atlántico Sur.