Los malos olores y la acumulación de basura en toda la Ciudad de Buenos Aires son hechos innegables que se ven y se sienten, y que al menos ponen en evidencia la falta de controles por parte de la actual gestión de Gobierno, encabezada por Jorge Macri.
Un relevamiento realizado por la Auditoría de la Ciudad al que Tiempo tuvo acceso, confirmó las denuncia de miles de vecinos y vecinas y de todas las personas que transitan a diario por el distrito porteño.
El órgano de control examinó el primer año de gobierno de Jorge Macri en esta problemática, en base al trabajo realizado por la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Tras el relevamiento mostró graves errores en la imputación de gastos y certificados, con pagos asignados a empresas que no correspondían. También hubo fallas en el control de los servicios prestados, ya que no se utilizó el índice técnico de CEAMSE para validar la calidad y, además, se registraron errores en pagos realizados por vía de excepción, afectando la transparencia presupuestaria.
“Se detectaron imputaciones por un total de $ 56.927.571.249,41, que no corresponden a los Contratistas asignados a cada una de las zonas adjudicadas. En la Zona 1, aparecen certificados devengados a favor de las Empresas ASHIRA – Martin & Martin SA – UTE y a CLIBA INGENIERIA URBANA S.A., por un valor de $ 4.453.335.171,35 y en la Zona 7 los montos devengados corresponden a las empresas SOLBAYRES S.A., CLIBA INGENIERIA URBANA S.A. y ECOHABITAT SA y OTRA UTE, por un monto total de $ 52.474.236.078,06”, advierte el informe de la auditoría.
Estos pagos cargados en zonas donde esas empresas ni siquiera eran las que tenían el contrato, no necesariamente significa que el dinero “desapareció”, pero sí deja en evidencia que el control administrativo es un desastre porque no hay un seguimiento correcto ni confirmación alguna de quiénes cobraban esas sumas millonarias. Se recomienda fortalecer los controles contractuales, operativos y presupuestarios.
Cabe destacar que para la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la Ciudad, el territorio se encuentra dividido en siete zonas operativas, cada una de ellas integrada por una o más comunas. Las Zonas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 fueron adjudicadas, mediante la Licitación Pública N.º 997/13, a distintas empresas concesionarias, mientras que la Zona 5 se encuentra bajo la administración directa del Ente de Higiene Urbana.
La Dirección General de Limpieza porteña cuenta con un cuerpo propio de verificadores, que debería controlar la correcta ejecución de los servicios manuales y aquellos aspectos no observables por telemetría.
“Los verificadores realizan relevamientos presenciales diarios, registrando hallazgos en una aplicación móvil de incidencias, que permite georreferenciar cada observación, adjuntar evidencia fotográfica y establecer plazos de corrección (2, 12, 24 o 48 horas) según la gravedad del incumplimiento”, destaca la auditoría en el informe.
“Cada incidencia recibe una numeración única y se comunica automáticamente a la contratista mediante sistemas integrados o correo electrónico, quedando documentada su resolución o incumplimiento, lo que habilita la posterior sanción. La GOCCS consolida semanalmente esta información en tableros de gestión (Business Intelligence – BI), que permiten analizar tendencias, comparar desempeño entre zonas y contratistas, y detectar recurrencias de fallas”, agrega.
La auditoría porteña concluye que estos “errores” detectados “ evidencian la necesidad de fortalecer los controles contractuales, operativos y presupuestarios a fin de garantizar una gestión ordenada en línea con las obligaciones que rigen la administración del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires – Fracción Húmedos.”