Flavia Terigi asumió en diciembre como directora de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tras la salida de Alberto Sileoni. Hasta entonces fue rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Es licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
En esta entrevista con Tiempo, habló sobre el impacto del ajuste que impulsa el gobierno nacional y los desafíos del sistema educativo bonaerense.
—Se incorpora a un gobierno que le hace frente al ajuste nacional. ¿Con qué desafíos se encuentra?
–Me incorporo a un gobierno que ya tiene seis años de gestión. En ese sentido, hay muchas cosas que se han hecho a las que espero darles continuidad, aún reconociendo las dificultades económicas. Me sumo en un momento bastante particular de la educación. Durante los años de democracia, la Provincia hizo muchos esfuerzos para ampliar la obligatoriedad escolar, formar docentes, construir escuelas. Por supuesto hay lugares donde todavía falta, pero hoy podemos mirar lo que se está haciendo e identificar oportunidades de mejora.
—¿Por ejemplo?
–Pienso en la reforma del régimen académico en la escuela secundaria. Se hace con más comodidad cuando no tenés que estar expandiendo y poniendo recursos adicionales para construir más escuelas o formar profesores. Esto rompe un poco con la lógica de más tiempo de clase o más escuelas y se mete con la lógica “de mejorar”. ¿Cómo hacemos para hacer mejor las cosas que estamos haciendo en las escuelas de la Provincia? El régimen académico es un ejemplo de ese tipo de desafíos.
—El gobierno nacional planea debatir en el Congreso el proyecto de “Libertad Educativa”, ¿qué hay de viejo y nuevo en la iniciativa?
-No veo ninguna justificación de una nueva ley de educación. Considerando que Argentina tiene una que está cumpliendo 20 años, sería un buen momento para evaluar su cumplimiento. Qué puntos nos permitieron avanzar y cuáles necesitan fortalecerse. En vez de esto, el Ejecutivo, que ha demostrado poco interés en la educación, sale con este proyecto. Cuando recién se conoció la iniciativa, yo hubiese dicho que tenía algo de antiguo en el sentido de ir para atrás en el papel del Estado en la promoción del sistema educativo. Pero algunos colegas me hacían ver que esto no es una propuesta preestatal sino postestatal en el sentido de que se sabe perfectamente que el Estado ha sido clave en la expansión educativa en Argentina y se ataca justamente ese lugar. Lo que está en discusión acá es quién tiene la responsabilidad principal en la educación de la población: ese contrapunto entre familia y sistema educativo. En realidad, entre familia y Estado, porque en el proyecto de ley hay escuelas, pero escuelas a imagen y semejanza de las familias y de los grupos que puedan influir en ella. ¿A qué problemas de la educación argentina responde este proyecto? Yo no identifico ninguno.
—¿Y qué problemas debería atender?
-La desigualdad educativa por ejemplo. El sistema educativo produce cierta igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. No toda la que querríamos pero la ampliación de los niveles educativos ha hecho que millones de chicos y de chicas a lo largo de la historia hayan ido a la escuela. Alguien podría decir: «todos van a la escuela, pero van a escuelas que logran resultados desiguales». Eso es cierto y por eso hay que trabajar en la igualdad educativa pero no desregulando. Esta ley que propone el gobierno nacional le otorga a las familias un lugar principal en la determinación, por ejemplo, de lo que se debe aprender en las escuelas. Eso es un problema.
—¿Cuál es el riesgo?
-La disolución de cualquier idea de lo común, de cualquier perspectiva cultural compartida. No me imagino que las familias argentinas tengan el tiempo, la posibilidad y la intención de ocuparse de definir lo que los chicos tienen que aprender. Basta con recordar la pandemia. Se pedía que las escuelas abrieran. No se decía «ya que estamos en casa por qué no disolvemos la educación escolar». Esto no quiere decir que no haya movimientos homeschooling, que no es educación en casa, es escolarización en casa. Ahí es donde se termina de entender que este proyecto es una posición ideológica sobre el papel del Estado y no una mirada realista sobre las necesidades de la vida social y las posibilidades reales de las familias de afrontar en gran escala la educación de sus hijos.
—El gobierno renunció a la meta de invertir el 6% del PBI en educación.
–La meta contabiliza la inversión educativa que realizan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Si el Estado nacional retira su parte de inversión las jurisdicciones disponen de menos recursos para solventar la actividad educativa. Por ejemplo, ha habido programas de mejora de la educación que se financiaban con presupuesto nacional y que se interrumpieron. Además se frenó la obra pública en escuelas, la inversión en conectividad y equipamiento, los planes de mejora en educación técnica. Como consecuencia, se va a ir notando el deterioro educativo. Alguien diría «el deterioro educativo ya existía». Yo no veo qué está haciendo el gobierno nacional para revertirlo.
—Usted viene de gestionar una universidad pública, ¿existen puntos críticos en las trayectorias escolares previas?
-En el nivel universitario venimos discutiendo hace tiempo sobre la idea de que los aprendizajes en los niveles anteriores son propósitos generales. Es decir, discutiendo que si vos sabés leer y escribir tenés que leer y escribir cualquier cosa que te pongan adelante. Sin embargo, leer y escribir no es simplemente poder decir en voz alta lo que dice un texto. Hay que ponerle contenido y conceptos. Eso es parte del trabajo que la educación superior tiene que realizar. Se llama transición educativa. Es lógico que los chicos no estén formados exactamente en lo que el nuevo nivel requiere. El objetivo es convertir a los ingresantes en estudiantes de ese nivel, en lugar de sólo seleccionar a los que ya cumplen requisitos previos en tu lógica curricular.
—Un tema que preocupa es la violencia en el ámbito escolar, ¿cómo abordarla?
-Estamos en un contexto cultural donde se está autorizando la violencia verbal o física, incluso desde altísimas autoridades del Estado Nacional. Sería muy difícil que en la escuela no se expresen muchas de las cosas que suceden en el resto de la sociedad. Cuando una madre o un padre considera que puede pegarle a un docente es un problema de orden social. La Provincia firmó en el 2023 un acuerdo paritario que incluye un protocolo sobre cómo abordar estas situaciones. Hoy hay preocupación por los festejos del Último Primer Día. Son prácticas que no están promovidas por las escuelas, se generaron desde afuera. La escuela tiene que hablar con los chicos sobre conductas de cuidado, pero hay que apelar a la corresponsabilidad de las familias o de los grupos de crianza.