La Justicia actúa en Las Perlas para proteger a una mujer y su familia de la violencia de género. Una jueza de Paz prohibió el acercamiento de un agresor con antecedentes tras reiteradas amenazas.
Una jueza de Paz de Las Perlas dictó una prohibición de acercamiento contra un hombre con antecedentes de violencia de género, quien fue denunciado por su expareja por reiteradas amenazas y hostigamiento. La resolución judicial, encuadrada en la Ley 3040 de “protección Integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares”, busca proteger a la víctima y su grupo familiar de cualquier contacto por un plazo de 90 días.
La denuncia fue presentada el viernes 12 de diciembre en la Subcomisaría 82 por la víctima, quien relató que está separada de B.F. —identidad del acusado— desde hace 11 años, período en el cual “sufría violencia de parte de él”.
Según su testimonio, ya había realizado denuncias previas en Neuquén, donde se le otorgó un botón antipánico debido a la gravedad de la situación, incluyendo un episodio en el que “la golpeó, la cortó y la arrojó al río”, a pesar de que ella no sabía nadar.
El último episodio de hostigamiento ocurrió el lunes 8, cuando la mujer manifestó haberse encontrado con B.F. a la salida de un mercado. En esa ocasión, el hombre la habría amenazado, advirtiéndole: “cuídate ahora en febrero, que te va a pasar lo mismo que años atrás”, en referencia al incidente en el río.
La jueza de Paz Laura Pino consideró que la mujer “se encuentra en estado de vulnerabilidad delante del victimario en razón del género”, lo que motivó la adopción de medidas protectorias. Entre las disposiciones se estableció la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio de la víctima y de cualquier lugar donde se encuentre, tanto para ella como para su grupo familiar. Además, el agresor deberá mantener una distancia “prudencial” en espacios públicos o privados donde coincidan.
La resolución también prohíbe al hombre provocar actos de agresión, molestia u hostigamiento a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. La magistrada advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría acarrear sanciones económicas y trabajos comunitarios. En caso de una violación intencional de las prohibiciones, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad.
Adicionalmente, se ordenó a ambas partes presentarse en el área de Salud Mental del hospital más cercano a su domicilio para evaluar la necesidad de iniciar un tratamiento psicológico. Los involucrados deberán acreditar el cumplimiento de esta disposición.
La jueza también solicitó la intervención del Juzgado de Familia de Cipolletti y el uso de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de lo ordenado, indicando que se podrá contactar de manera urgente a la Subcomisaría local si fuera necesario. Se comunicó a ambos la posibilidad de requerir asesoramiento legal al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP).
Redactado con información de LMCipolletti