La contrarreforma laboral, que lejos de modernizar pretende hacernos retroceder 80 años en materia de derechos, tiene aspectos específicos vinculados a los medios de comunicación. Por un lado la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo, y por otro la eliminación del capítulo V de la Ley de Medios, en ambos casos aún vigentes.
La derecha instaló el discurso de que, como muchos trabajadores no gozan de los derechos que les otorga la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, la reforma no los afectaría. Esta falacia funciona también para el caso del periodismo. Todo el tiempo denunciamos que en la actualidad se violan los convenios y leyes laborales, pero eso no puede ser pretexto para profundizar la precarización.
En un contexto de salarios de pobreza y pluriempleo en el sector, el Estatuto del Periodista otorga derechos fundamentales. En muchas empresas de medios está vigente y, aun en donde no, permite al trabajador negociar en mejores condiciones su situación y la posibilidad de accionar judicialmente. Su derogación nos dejaría más desprotegidos y vulnerables a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, aun quienes hoy no están correctamente encuadrados.
El Estatuto otorga estabilidad laboral y protege ante el despido arbitrario con una indemnización especial. Esto no tiene el propósito de una judicialización sino de dificultar la posibilidad del dueño de un medio a despedir, entendiendo que lo que está en juego en la comunicación es la libertad de expresión. El Estatuto pone límites al fraude laboral y resguarda el trabajo independiente, posibilita denunciar la dependencia encubierta y el uso abusivo del monotributo, el periodista tiene potestad para reclamarlo. Además, establece una jornada reducida, de 36 horas semanales, vacaciones y licencias, recargos por horas extras -que además la reforma pretende modificar a un nefasto “banco de horas” que diluiría la jornada-, entre otros derechos.
Y, en paralelo, la reforma elimina impuestos a las grandes empresas de medios, con los que se financian los medios públicos y medios autogestivos. Esa normativa, de la ley de medios, tenía como propósito promover la pluralidad de voces en un sistema hiper concentrado.
Es paradójico que los medios de comunicación, que se valen de esta iniciativa de “modernización laboral”, cuando los sindicatos pretendemos discutir nuevas regulaciones laborales, aggiornar nuestros convenios para las nuevas funciones, la inteligencia artificial u otras, son ellos los que se niegan sistemáticamente, en cada paritaria. Porque saben que lo que no se regula lo regula el marcado, lo imponen de hecho las propias empresas. Por eso, lo que pretenden, es que no haya ninguna regulación laboral. Y por eso, como sabemos, el verso de la modernización no es más que un pretexto, pero lo que en realidad pretenden es hacernos retroceder más de 80 años, antes de que se declare el Estatuto del Periodista y la gran mayoría de derechos laborales de la clase trabajadora.
Esta reforma concluye el sueño de los sectores concentrados y de poder, de la tarea que comenzaron con la dictadura, cuando desapareciendo cientos de dirigentes sindicales y derogaron un tercio de artículos de la LCT que había sido sancionada en 1974.
Aun cuando hay grandes sectores de la clase trabajadora precarizada, que no goza de los derechos que tiene, Argentina sigue teniendo un piso alto de derechos laborales y sindicales en la región, por eso esta iniciativa es también un pedido del FMI y de los EEUU, que pretenden que toda América Latina sea un lugar con mano de obra barata, de donde ellos se lleven nuestros recursos naturales, el agua, gas, petróleo, minerales como litio.
Desde SiPreBA y todos los gremios de FATPREN y de prensa del país estamos en estado de alerta para enfrentar sindical y políticamente esta reforma. Es fundamental la convocatoria de la CGT a movilizarnos a Plaza de Mayo, a la que se sumaron las CTA y otros sectores. Esta tiene que ser la primera de una gran cantidad de jornadas y acciones, con concentraciones, paros y todo lo que esté a nuestro alcance, para frenar esta iniciativa. Por la memoria de quienes dejaron la vida por los derechos en nuestro país, por el presente y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria.
