Luego de que funcionarios públicos, dirigentes políticos y movimientos sociales cercanos al oficialismo atribuyeran a los medios de comunicación, y en particular a algunos reconocidos periodistas, parte de la responsabilidad por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) alertó al Gobierno nacional respecto del peligro que representa «vincular la labor periodística con un hecho delictivo unánimemente repudiado». Sucede que el Frente de Todos, en especial el kirchnerismo, ha comenzado a caminar sobre un terreno peligroso, traspasando el límite de lo razonable. Más allá de la crítica que se ha vuelto diatriba, en la profundización del señalamiento a la prensa no alineada puede no haber regreso. Hay una tácita invitación al escrache que sin mayor incitación se volvería represión. Hay una deliberada agitación contra el pensamiento disidente, que incluso el presidente Alberto Fernández alentó con un mensaje subrepticio en la cadena nacional del jueves a la medianoche.
El discurso de cancelación que está ensayando el kirchnerismo, y que ha arrastrado en ese operativo a todos los componentes del Frente de Todos, tiene dos blancos concretos, la prensa y la oposición. Los acusa -nos acusa- de fomentar el discurso del odio. El objetivo del silenciamiento de la verdad que incomoda es esmerilar algunos cerrojos de la Justicia donde se dirime el futuro de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
En los tribunales no sólo se define el futuro político de la vicepresidenta, también allí se resuelven su libertad y sus bienes. Este capítulo nada tiene que ver con el gravísimo episodio de violencia que ha sufrido. El atentado, que ha sido motivo de enérgica condena por parte de todos los actores sociales, incluida la prensa, corre por un carril separado de su expediente judicial. El kirchnerismo es el único interesado en anudar esas dos líneas y para lograrlo necesita no sólo acallar a los medios, a los periodistas, además tiene que presentarlos como culpables de lo que ha sucedido. Es una estrategia perversa y ciertamente muy peligrosa. Nunca se sabe qué fuerzas se pueden desatar cuando se inflama el fanatismo.
Por eso, la Asociación que nuclea a las entidades periodísticas del país hizo un llamamiento a la mesura a las autoridades, responsables del orden público. En un comunicado titulado: «Un repudio unánime y un llamado a la paz social», Adepa manifestó su «enérgico repudio» tras el ataque contra la vicepresidenta, como también exigió «una efectiva y diligente investigación policial y judicial que permita el esclarecimiento total de lo ocurrido».
Destaca que «la paz social y el respeto por las libertades públicas constituyen las bases de la convivencia democrática» e instó a «todos los sectores de la sociedad y la dirigencia del país a empeñarse en favor de esta prioridad absoluta».
La exhortación parece haber caído en campo infértil. El mismo día, el oficialismo protagonizó una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo, donde se leyó un comunicado con pasajes inquietantes. «Unidad nacional, sí, pero no a cualquier costo», sentenció el documento.
Pareciera cosa de necios asegurar, como intenta plantear el Gobierno, que el discurso de odio es unidireccional y afecta únicamente al peronismo, que a lo largo de su historia ha tenido militantes acérrimos de derecha y de izquierda que inscribieron episodios sangrientos y que hoy encuentra renovados motivos para victimizarse sin ensayar una autocrítica. Hasta hace poco, en esta misma gestión, afloraban críticas despiadadas contra el Presidente y sus ministros. Nadie recuerda ya ese odio.
El oficialismo se debe una mirada introspectiva, al igual que la oposición. Sin esa necesaria contrición, no habrá redención. Ni paz. s